Vinculan a directivos de Vicentín con un campo donde se rescató a 30 personas de trabajo esclavo
Un nuevo escándalo sacude a la agroexportadora Vicentín, una empresa ya en el ojo del huracán por su proceso concursal y presunta defraudación.
En un operativo que conmocionó a la opinión pública, más de 30 trabajadores, incluyendo a dos menores, fueron rescatados de un campo en Pozo Borrado, al norte de Santa Fe, descubierto a principios de este mes, donde se encontraban en condiciones de explotación laboral y desprotección total.
La investigación periodística del portal LT9 ha revelado que este predio rural de más de 5.000 hectáreas pertenece a la sociedad anónima La Isabelina, cuyo directorio está integrado por personas con fuertes vínculos con el Grupo Vicentín, lo que pone de relieve una vez más las cuestionables prácticas de una de las empresas agroexportadoras más importantes de la Argentina.
El caso, que se inició tras un operativo conjunto de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), destapó una cruda realidad de abuso y marginalidad. Los trabajadores vivían en condiciones infrahumanas: campamentos precarios, sin acceso a agua potable ni baños, y obligados a trabajar en jornadas extenuantes de diez horas, de lunes a lunes. Esta situación contrasta drásticamente con la imagen de una empresa de primer nivel como Vicentín, y expone una sistemática violación de los derechos humanos y laborales.
Un entramado de abusos: Explotación humana y desmonte ilegal bajo la sombra de Vicentín
El escándalo no se limita a la explotación laboral. La investigación también ha sacado a la luz prácticas de desmonte ilegal en los mismos campos, que corresponden a bosques nativos protegidos bajo la Ley de Bosques de Argentina. A pesar de una intimación previa del Ministerio de Medio Ambiente provincial, las actividades de tala indiscriminada continuaron, demostrando un flagrante desprecio por la legislación ambiental. Esto agrava la situación, revelando un patrón de comportamiento que va más allá de lo laboral para abarcar también un profundo desdén por la sustentabilidad ecológica y el patrimonio natural.
La vinculación de este campo con el Grupo Vicentín a través de La Isabelina S.A. y sus directivos, como Federico Castellarin, Tomás Nahuel Moschen Padoan y Roberto Joaquín Vicentín, sugiere que estas acciones no son incidentes aislados. En cambio, parecen ser parte de un modus operandi que prioriza el beneficio económico por encima de las leyes, la ética y los derechos humanos y ambientales. La citación a declarar del gerente del Complejo Avellaneda de Vicentín, Dionisio Moschen, refuerza la sospecha de que estas prácticas están integradas en la estructura de la empresa. El hecho de que este caso se sume a las denuncias previas por defraudación agrava la crisis de reputación y legitimidad del Grupo Vicentín, que parece acumular acusaciones que pintan un panorama sombrío de ilegalidad y falta de escrúpulos. La presión política y judicial crece, y el caso de Pozo Borrado se erige como un símbolo de la urgente necesidad de una reforma profunda en la gobernanza corporativa y la responsabilidad social empresarial en el país.
