Villarruel inauguró remodelaciones en edificio donde funcionó un centro clandestino de detención
Si lo que pretendía era alejarse de las críticas, no lo logró. La vicepresidenta estuvo en la inauguración de las remodelaciones del Cabildo Histórico de Jujuy. Organismos de DD.HH., organizaciones sociales y sindicatos repudiaron su presencia porque durante la última dictadura cívico militar, allí funcionó un centro clandestino de detención y tortura e integró los circuitos de exterminio.
Como parte de las actividades oficiales por el 212º aniversario del Éxodo Jujeño, Victoria Villarruel viajó a la provincia norteña para reunirse con el gobernador radical Carlos Sadir en un intento por esquivar las críticas, pero sus fuertes lazos con los represores de la dictadura militar de la década del 70, la pusieron nuevamente en el centro de la escena.
Luego de una semana difícil en el Senado y de soportar ataques desde su propio entorno libertario, Victoria Villarruel continuó con agenda propia y viajes de cabotaje. Esta vez brindó un discurso en el acto de inauguración de las remodelaciones del Cabildo Histórico jujeño. Es más fue declarada invitada de honor y vestida con un poncho con la bandera argentina brindó un discurso ante los presentes.
En el Cabildo, declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1941 había un cartel sobre calle Sarmiento que decía: «Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad». Pero en octubre de 2021 el cartel de la memoria sobre un lateral de la manzana colonial y colocado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en marzo de 2019, fue quitado.
La presencia de Villarruel fue repudiada por organismos de derechos humanos jujeños porque «Villarruel forma parte política e ideológicamente de un gobierno y una fuerza partidaria que reivindica el genocidio, niega y cuestiona a nuestros treinta mil compañeros, compañeras y compañeres detenidxs desaparecidxs», señalaron en un comunicado de prensa.
Además añadieron: «Se abraza con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, mientras desmantelan políticas públicas vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia, como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad», una pieza fundamental para la restitución de la identidad de niños y niñas apropiadas ilegalmente durante la dictadura, que Javier Milei desarticuló por decreto.
