17 de mayo de 2026

Villarruel denuncia a influencers libertarios y pide investigar si reciben fondos del Estado

La vicepresidenta acusa a un grupo de usuarios y a la diputada Lilia Lemoine de calumnias, injurias y “ciberodio” en medio de la escalada de tensión con Javier Milei.

Victoria Villarruel intensificó su enfrentamiento con el presidente Javier Milei al presentar una denuncia penal contra un grupo de influencers libertarios y la diputada oficialista Lilia Lemoine.

La vicepresidenta acusa a los denunciados de calumnias e injurias, instigación a cometer delitos, incitación a la violencia y “ciberodio”, una figura que incluye expresiones xenófobas, discriminatorias y de odio.

El escrito judicial solicita investigar si estos usuarios de redes sociales, entre ellos @El_Pubertario, @agachatqtlameto, @NickyMarquez, @ElTrumpista y @Mialygosa, reciben fondos del Estado. “Se desconoce, y podrá resultar de la pesquisa a realizarse, si acaso los restantes denunciados resultan sostenidos con dinero proveniente del erario público, lo que supondría la incorporación de figuras típicas adicionales al entramado concurso ventilado”, señala la presentación.

Villarruel también apuntó contra Lemoine por difundir “falacias” que la vincularían con presuntos incumplimientos a la Ley de Ética Pública. “Los hechos que obren en su conocimiento y que pudieren constituir delitos, debería denunciarlos en la Justicia y no usar las redes para difundir mentiras, con el único y claro objetivo de socavar institucionalmente a mi persona en tanto titular de uno de los poderes del Estado”, afirmó.

En su argumentación, la vicepresidenta destacó el impacto negativo de las redes sociales sobre su honor y seguridad: “La potencia de divulgación de las redes sociales resulta exponencial, y es directamente proporcional con el daño causado a mi honor, al de mi familia y mi círculo personal”.

Este nuevo capítulo profundiza la tensión entre Milei y Villarruel, que comenzó con acusaciones cruzadas tras la escalada del dólar y las críticas internas. La ofensiva judicial abre interrogantes sobre la relación entre el oficialismo y su núcleo de influencers, así como sobre el financiamiento y la coordinación de estas campañas digitales.

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