Vacían locales, cierran sucursales, despiden a trabajadores de la cadena Dr. Ahorro

Mientras la empresa invoca una crisis económica para justificar despidos masivos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, los empleados denuncian una estrategia orientada a licuar deudas y reducir costos indemnizatorios de manera irregular.

La crisis que atraviesa la cadena de farmacias Dr Ahorro ha dejado de ser un problema financiero para convertirse en un escenario de presunto vaciamiento deliberado.

El conflicto pone en riesgo más de trescientos puestos de trabajo y evidencia una preocupante falta de fiscalización estatal y gremial.

El análisis de la situación revela inconsistencias graves en el relato patronal. Los trabajadores señalan que la caída de las ventas no responde a una falta de demanda en el mercado de genéricos, sino a una decisión corporativa de no reponer stock y vaciar las góndolas.

Esta parálisis operativa, sumada al cese de aportes previsionales y la emisión de cheques sin fondos, sugiere un abandono de la explotación comercial más que una inviabilidad del negocio. El hecho de que las cesantías se concentren en el personal con más de once años de antigüedad refuerza la hipótesis de una purga orientada a eliminar las indemnizaciones más costosas pagando solo el cincuenta por ciento.

La respuesta de las instituciones frente a este vaciamiento ha sido, hasta el momento, insuficiente. El sindicato Adef enfrenta duras críticas por su inacción y la ausencia de medidas de fuerza concretas ante el cierre de sucursales en provincias como Córdoba, Salta y Mendoza.

A pesar de que la organización gremial rechazó el Procedimiento Preventivo de Crisis, los telegramas de despido siguen llegando a los domicilios de los empleados, quienes se ven obligados a organizar asambleas autoconvocadas para defender su sustento.

Este escenario en Dr Ahorro se suma a un clima de incertidumbre generalizada en el sector farmacéutico, pero con el agravante de una gestión que parece priorizar la salida desordenada y el incumplimiento de obligaciones básicas.

Sin una intervención efectiva de la Secretaría de Trabajo de la Nación para verificar la veracidad de la crisis invocada, cientos de familias quedan a merced de una maniobra que busca normalizar el ajuste mediante la vulneración de derechos adquiridos.