Uso “razonable”: Para la fiscal el viaje de la esposa de Adorni en el avión oficial, no es delito

La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó el cierre de la denuncia que cuestionaba el viaje a Estados Unidos de la esposa del vocero presidencial Manuel Adorni a bordo de una aeronave oficial. El pedido fue elevado al juez Daniel Rafecas, bajo el argumento de que no se configuran delitos ni irregularidades penales en el uso del recurso estatal.

Según el dictamen, basado en informes de la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, no se verificaron elementos que encuadren en figuras penales como las previstas en el artículo 260 del Código Penal, referido al uso indebido de bienes públicos.

La fiscal sostuvo que el traslado de Bettina Julieta Angeleti se dio en el marco de un uso “razonable” de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo.

El análisis técnico también remarca que el avión presidencial, un Boeing 757-200 con capacidad para 39 pasajeros, contaba con más de diez asientos disponibles durante los tramos del viaje realizado entre el 6 y el 11 de marzo. En ese sentido, se argumenta que la inclusión de la acompañante no generó gastos adicionales significativos ni implicó una erogación extraordinaria para el Estado.

Sin embargo, más allá de la ausencia de delito, el caso abre un debate más amplio sobre los estándares de ética pública y el uso simbólico de los recursos estatales. Que una conducta no sea penalmente reprochable no necesariamente la vuelve incuestionable desde el punto de vista institucional. La discrecionalidad en el uso de bienes públicos —aunque legal— puede tensionar principios de austeridad, transparencia y ejemplaridad que se esperan de la función pública.

El eje crítico radica, entonces, en los límites difusos entre lo permitido y lo apropiado. La falta de costo adicional directo no elimina el interrogante sobre el criterio de utilización de recursos estatales en contextos de ajuste económico o demandas sociales insatisfechas. En este tipo de situaciones, el impacto político y simbólico puede ser tan relevante como el jurídico.

Así, el eventual archivo de la causa no clausura la discusión, sino que la traslada del terreno judicial al ámbito de la responsabilidad política, donde la evaluación ciudadana y el control democrático adquieren un rol central.