Universidades públicas redoblan la protesta y denuncian un “vaciamiento” del sistema educativo

La convocatoria, que tendrá su acto central en Plaza de Mayo y réplicas en distintos puntos del país, estará atravesada por reclamos vinculados al financiamiento universitario, la recomposición salarial y la continuidad de políticas estudiantiles y científicas que hoy aparecen seriamente debilitadas por el recorte de recursos.

En medio de un clima de creciente tensión con el Gobierno de Javier Milei, las universidades nacionales volverán a movilizarse este 12 de mayo en una nueva Marcha Federal Universitaria para rechazar el fuerte ajuste presupuestario que, según denuncian las autoridades académicas, pone en riesgo el funcionamiento del sistema público de educación superior.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que las universidades atraviesan una situación “crítica”, marcada por una caída histórica en las partidas presupuestarias. El informe del organismo señala que entre 2023 y 2026 las transferencias nacionales sufrieron una reducción real superior al 45%, mientras que los salarios quedaron muy por detrás de la inflación, provocando una fuerte pérdida del poder adquisitivo entre docentes y trabajadores no docentes.

El impacto del ajuste ya se refleja en múltiples áreas: renuncias de personal, suspensión de investigaciones, deterioro de la infraestructura y reducción de becas estudiantiles. En distintas universidades aseguran que el sistema comienza a mostrar signos de desgaste estructural difíciles de revertir.

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, calificó el escenario como un “ajuste brutal” que golpea especialmente a quienes sostienen el funcionamiento diario de las instituciones. Según detalló, durante el último año se registraron cientos de renuncias debido a salarios que ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas. También alertó sobre el abandono de proyectos científicos y la imposibilidad de ampliar ayudas económicas para estudiantes en un contexto de creciente crisis social.

Gentile sostuvo además que el deterioro edilicio se convirtió en una postal recurrente en las universidades públicas. Obras paralizadas, edificios inconclusos y problemas para afrontar gastos esenciales como calefacción y servicios básicos forman parte de una realidad que, según afirmó, expone “el nivel de abandono” al que fue llevado el sistema universitario.

En la misma línea, el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, describió la situación como “insostenible”. Remarcó que los trabajadores perdieron el equivalente a varios salarios completos desde fines de 2023 y explicó que muchos docentes se vieron obligados a buscar otros empleos para complementar ingresos, afectando de manera directa la calidad académica y el tiempo destinado a la formación y preparación de clases.

También cuestionó el derrumbe de las partidas destinadas a becas y funcionamiento cotidiano. Según indicó, programas como Progresar quedaron prácticamente licuados por la inflación, mientras que la inversión en infraestructura fue eliminada por completo.

Desde la Universidad Nacional de Moreno, el rector Alejandro Robba confirmó que la institución declaró nuevamente la emergencia presupuestaria y salarial. Allí denuncian que el crecimiento de estudiantes no fue acompañado por nuevos cargos docentes, lo que derivó en aulas saturadas y mayores dificultades para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza.

Robba también puso el foco en la precarización salarial del sector universitario y en el congelamiento de las becas estudiantiles, cuyos montos ya no alcanzan ni siquiera para cubrir gastos mínimos de transporte o materiales de estudio. A eso se suma la paralización de obras clave y el fuerte aumento de tarifas de servicios públicos, que las universidades deben afrontar con presupuestos cada vez más reducidos.

Frente a este panorama, las autoridades universitarias ratificaron la movilización nacional y reclamaron al Gobierno la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario. Advierten que, de mantenerse el actual escenario, miles de estudiantes podrían ver comprometida su continuidad académica y el país profundizaría el deterioro de su sistema científico y educativo público.