Una Justicia pendiente del balcón: la obsesión judicial con la tobillera de Cristina Kirchner

La reciente orden del juez Jorge Gorini de colocarle una tobillera electrónica a Cristina Fernández de Kirchner mientras cumple prisión domiciliaria ha sumado un nuevo capítulo al insólito enfoque que ciertos sectores judiciales parecen haber adoptado: una vigilancia obsesiva que roza lo caricaturesco, más preocupada por su ubicación en el balcón que por garantizar un proceso justo y coherente.

La medida responde al fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena en la causa Vialidad. Sin embargo, en lugar de centrarse en lo que representa el cumplimiento de una sentencia, el foco ha girado hacia una minuciosa fiscalización doméstica: qué rincón del departamento puede usar, si el balcón está dentro del “ámbito permitido” y si la radiofrecuencia del dispositivo sufrirá interferencias por el grosor de las paredes. Un detalle que, en otros contextos, podría parecer técnico, aquí revela una forma de show judicial.

El comunicado del Tribunal Oral Federal N°2, que aclara que Cristina puede “usar y gozar” del balcón de su casa, suena menos a una garantía de derechos que a un curioso acto de control territorial. ¿Qué clase de justicia se detiene a explicar si una persona puede asomarse al balcón? ¿Estamos ante un ejercicio de control penal o de coreografía mediática?

La tobillera electrónica, que en principio responde a una lógica de vigilancia domiciliaria para evitar fugas, adquiere aquí un carácter simbólico: marcar a la exmandataria con un estigma visible, reforzando la idea de castigo incluso en su espacio privado.

No hay indicios de peligro de fuga, no hay antecedentes de incumplimiento. Sin embargo, se activa una maquinaria digna de un thriller policial para instalar un dispositivo que, según el mismo documento judicial, podría ni siquiera funcionar correctamente.

En un país atravesado por urgencias sociales, económicas y judiciales mucho más profundas —desde una ola de despidos hasta la precarización laboral o el crecimiento de causas sin resolución— la atención institucional puesta sobre el uso del balcón o la interferencia del sistema de geolocalización solo refuerza la sospecha de que no estamos frente a un acto de justicia, sino ante una escenografía de disciplinamiento político.

Mientras tanto, el debate de fondo sobre la calidad del proceso judicial, la autonomía de los jueces y la utilización del Poder Judicial como herramienta de castigo selectivo sigue quedando fuera de escena. Porque cuando lo importante pasa a ser el balcón, es claro que el problema ya no es jurídico, sino cultural. Y profundamente político.