Tribunal Supremo de Brasil condenó a 119 individuos por participar en actos golpistas en el 2023
El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil dictaminó la condena a 119 personas adicionales por su implicación en los disturbios ocurridos el 8 de enero de 2023 en la capital del país. Las decisiones judiciales, tomadas en sesiones virtuales del pleno y la primera sala, abarcaron los días 6, 14, 24 y 30 de junio, así como el 5 de agosto.
De los condenados, 41 fueron sancionados por su participación en la invasión y destrucción de edificios del Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y la sede del STF, además de por actuar como financiadores o coordinadores de los eventos. Las penas más severas alcanzaron hasta 17 años de prisión, con 20 personas recibiendo 14 años, y otros con penas de 17, 13 años y medio, entre ellas.
Por otro lado, 78 individuos, considerados responsables de delitos menores, recibieron condenas de un año de prisión que posteriormente fueron sustituidas por restricciones a sus derechos. Sin embargo, ocho de estos implicados, por incumplir medidas cautelares como el uso de tobilleras electrónicas o la comparecencia ante la justicia, fueron sentenciados a dos años y cinco meses de cárcel.
El relator del caso, el ministro Alexandre de Moraes, afirmó que los actos constituyeron un delito colectivo con la intención de derrocar al gobierno democráticamente elegido en 2022. La fiscalía presentó pruebas como mensajes, videos, imágenes de cámaras de seguridad, huellas de ADN y testimonios, demostrando que los grupos implicados estaban organizados y fomentaron delitos, además de promover animosidad contra las instituciones y las Fuerzas Armadas.
Las defensas argumentaron que los actos no tenían la intención de perpetrar un golpe de Estado y que las protestas fueron pacíficas, pero el STF rechazó estos argumentos basándose en las evidencias.
Asimismo, los condenados por delitos menores deberán pagar multas y indemnizaciones colectivas que, en total, alcanzan varios millones de reales, incluyendo una reparación mínima de R$30 millones por los delitos más graves. La decisión judicial implica que, una vez que las sentencias sean definitivas, los condenados perderán la condición de primarios y podrán ser inhabilitados para ciertos cargos públicos.
