Tras las elecciones, el Gobierno de Milei aplica un nuevo aumento del gas por encima de la inflación

En la práctica, el Gobierno de Milei consolida su estrategia de disciplina fiscal a través del encarecimiento sostenido de los servicios públicos, sin atender las consecuencias distributivas ni el desgaste político que este camino puede implicar a mediano plazo.

A una semana de las elecciones legislativas, el Gobierno de Javier Milei dispuso una nueva suba del 7,20% en las tarifas del gas, oficializada a través de la Resolución 1698/2025 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma de Luis Caputo.

La medida, que regirá desde el 1° de noviembre, se suma a los incrementos acumulados durante el año y refuerza el sesgo de ajuste tarifario del programa económico libertario, que busca recomponer los ingresos de las empresas energéticas pero a costa de una mayor presión sobre los hogares y sectores medios.

El texto oficial establece que el recargo del 7,20% se aplicará sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, el valor base sobre el cual se calculan las tarifas finales. A partir de ahora, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) deberá adecuar los mecanismos de facturación para trasladar el aumento a los usuarios de todo el país. Además, las comercializadoras deberán trasladar íntegramente ese recargo a los consumidores, garantizando que no quede absorbido por intermediarios ni distribuidores.

De manera paralela, la Secretaría de Energía, conducida por María Carmen Tettamanti, publicó la Resolución 433/2025, que redefine el precio del gas en boca de pozo e instruye a las productoras y distribuidoras adheridas al Plan Gas.Ar a renegociar sus contratos en un plazo máximo de cinco días hábiles. Con estas decisiones, el Ejecutivo consolida un esquema de liberalización gradual de precios en el sector energético, alineado con el objetivo de “déficit cero”, pero sin amortiguadores sociales ni mecanismos de segmentación tarifaria.

Desde una lectura política, el momento elegido para oficializar el aumento —inmediatamente después de los comicios legislativos— refuerza la percepción de que el Gobierno buscó posponer el impacto social del ajuste hasta superar la instancia electoral. El incremento, que supera la inflación proyectada para noviembre, podría reactivar tensiones en el frente sindical y en los movimientos sociales, en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo y aumentos paralelos en luz, transporte y combustibles.

En términos estructurales, la medida profundiza el traslado de la carga del reordenamiento fiscal hacia los usuarios, al mismo tiempo que preserva los márgenes de rentabilidad de las empresas energéticas. Mientras el discurso oficial insiste en la necesidad de “sincerar precios”, la falta de una política de ingresos o de tarifas diferenciadas para los sectores vulnerables acentúa la desigualdad y erosiona la legitimidad del ajuste.

Así, el nuevo aumento del gas no solo tiene un impacto económico directo en los hogares, sino que marca el regreso del costo político del tarifazo como eje de conflicto.