Tras el revés judicial y legislativo, el Ejecutivo analiza un decreto para reordenar fondos de discapacidad y universidades
La evaluación de un decreto para redistribuir fondos refleja tanto la urgencia política del momento como las limitaciones institucionales que comienzan a marcarle el ritmo a la agenda económica del Gobierno.
El Gobierno nacional comenzó a evaluar una salida administrativa para recomponer partidas destinadas a discapacidad y al sistema universitario, luego de una secuencia de contratiempos políticos y judiciales que pusieron en jaque su estrategia presupuestaria.
La posibilidad de dictar un decreto de reasignación de fondos surge tras la caída del capítulo XI del Presupuesto en la Cámara de Diputados y, especialmente, después de un fallo judicial que obliga al Ejecutivo a cumplir de manera inmediata con la ley de financiamiento universitario.
Desde fuentes oficiales se admite que la Casa Rosada busca evitar nuevas modificaciones al proyecto de Presupuesto 2026, con el objetivo de garantizar su aprobación definitiva en el Senado y evitar que el texto vuelva a Diputados. En ese marco, el Ejecutivo confía en contar con los votos necesarios en la Cámara alta, fortalecidos en las últimas horas por el respaldo de cuatro senadores del bloque Convicción Federal, de origen peronista, que acompañarán la votación general.
La eventual reasignación de partidas por decreto aparece como una herramienta para cumplir con las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario sin reabrir una discusión parlamentaria que el oficialismo considera riesgosa. Esta alternativa revela, además, las tensiones entre el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno y las demandas de sectores sensibles que cuentan con respaldo legal y social.
El trasfondo inmediato de esta decisión es el fallo dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que ordenó al Poder Ejecutivo aplicar sin demoras la ley que actualiza los recursos para las universidades nacionales. La resolución judicial dejó sin efecto, de manera cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles, al considerar que esa medida resultaba arbitraria y contraria a la Constitución.
El juez Martín Cormick sostuvo que el Ejecutivo no puede condicionar la aplicación de una ley vigente a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso, y dispuso la inmediata ejecución de los artículos que garantizan la recomposición salarial y el refuerzo de las becas. La medida tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva.
En este contexto, el oficialismo enfrenta un delicado equilibrio: avanzar hacia la aprobación del primer Presupuesto desde la asunción de Javier Milei —tras más de un año de gestión con una ley prorrogada— y, al mismo tiempo, acatar decisiones judiciales que obligan a flexibilizar el esquema de ajuste.
