Sturzenegger ordenó desvincular a empleados estatales mayores de 65 años, incluso sin derechos a jubilación

La directiva, emitida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, limitó los contratos de estos trabajadores a un máximo de seis meses adicionales. Aquellos que no pudieron jubilarse en ese período quedaron sin empleo y sin pensión.

Una resolución impulsada por Federico Sturzenegger estableció la terminación de contratos laborales y la suspensión de beneficios jubilatorios para los empleados públicos que superaron los 65 años de edad, incluso si no cumplieron con los requisitos de aportes necesarios para acceder a una jubilación. En el caso de las mujeres, esta medida se aplicó a partir de los 60 años.

Ante esta situación, los afectados debieron recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto actual rondó los $279.443, equivalente al 80% del haber mínimo jubilatorio. Sin embargo, esta prestación no otorgó todos los beneficios de una jubilación contributiva ni pensión por fallecimiento; solo incluyó acceso a la obra social PAMI.

La resolución exigió a los organismos estatales acreditar haber notificado a los empleados que alcanzaron la edad límite para jubilarse, como requisito para poder renovar contratos temporales. La medida no distinguió si estos trabajadores tenían o no los aportes completos, por lo que muchos pudieron perder su empleo y la cobertura previsional, especialmente tras la eliminación de la moratoria previsional el año pasado.

Quienes no pudieron jubilarse por falta de aportes tuvieron que buscar empleo en el sector privado, una tarea difícil para mayores de 60 años en un contexto de caída sostenida del empleo formal.

La medida afectó incluso áreas donde los empleados mayores de edad eran los únicos con experiencia especializada, en instituciones con dotaciones insuficientes para su funcionamiento.

Desde octubre de 2024, ya se habían intimado a 10.000 trabajadores estatales a jubilarse, de los cuales más de 6.800 cumplían con los requisitos para ello. La actual resolución apuntó principalmente a quienes aún no reunían las condiciones para acceder a la jubilación.

En diciembre de 2025, la plantilla del sector público nacional se redujo a 280.120 empleados, lo que representó una caída del 7,2% respecto a 2024, y en los últimos dos años se eliminaron aproximadamente 63.000 puestos, casi 80 despidos por día, según cifras del CEPA.

Desde diciembre de 2023, se dejó de prorrogar la moratoria previsional, que permitía jubilarse a quienes no alcanzaban los 30 años de aportes mediante pagos diferidos. La eliminación de esta opción, que en 2024 fue utilizada en el 60% de las jubilaciones, tuvo un fuerte impacto social.

El secretario general de la ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la medida como “cruel e inhumana,” y criticó que “el Gobierno presionó a los trabajadores con casi 30 años de aportes para que eligieran entre la PUAM o la calle,” condenándolos a quedar sin trabajo, sin cobertura social y sin posibilidades de acceder a la jubilación.