6 de junio de 2026

Sturzenegger defendió los 37.595 despidos de empleados públicos en 2024

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió este jueves la reducción de personal en el Estado argentino, asegurando que «las desvinculaciones son esenciales para reducir el gasto público».

Durante el año 2024, el gobierno nacional implementó una fuerte disminución en la cantidad de empleados públicos, que alcanzó un total de 37.595 trabajadores desvinculados, como parte de un plan de ajuste estructural en la administración estatal.

Según la administración de Javier Milei, estas medidas fueron adoptadas con el fin de optimizar los recursos del Estado, mejorar la eficiencia y permitir una posterior reducción de impuestos sin afectar el equilibrio fiscal. En este contexto, el ministro Sturzenegger detalló que la mayoría de las desvinculaciones correspondieron a contratos temporales o no renovados, por lo que, según su visión, no se trata de despidos en el sentido estricto de la palabra.

La distribución de las desvinculaciones fue la siguiente:

  • Administración Pública Nacional (APN): 22.302 empleados menos.
  • Empresas estatales: 12.410 trabajadores eliminados.
  • Fuerzas Armadas y de seguridad: 2.883 efectivos menos.

Estas reducciones se inscriben en la propuesta de Milei de realizar un ajuste fiscal progresivo, en el que se reducirían los gastos del Estado para alcanzar un ahorro fiscal proyectado de aproximadamente USD 4.012 millones. De acuerdo con las proyecciones oficiales, este ahorro se logrará gracias a la reducción de los sueldos que ya no se abonarán.

Críticas y Preocupaciones sobre la Calidad del Servicio Público

Sin embargo, las decisiones tomadas por el gobierno también han generado preocupación en diversos sectores de la sociedad y la política. Muchos críticos aseguran que la reducción de personal estatal ha impactado negativamente en la calidad de los servicios públicos. En particular, se mencionan los efectos adversos en áreas sensibles como la salud, la educación y la seguridad. El Hospital Bonaparte de Salud Mental, por ejemplo, ha sido una de las instituciones afectadas por estos ajustes, lo que ha generado polémica entre los trabajadores del sector y la comunidad.

Este ajuste en el sector público también ha suscitado dudas en torno a la distribución de los recursos y el tipo de ajustes que se están realizando. Mientras que el gobierno redujo impuestos a los autos considerados de lujo, que tienen un valor superior a los 75 millones de pesos, las críticas apuntan a que las medidas de ajuste parecen estar afectando a los sectores más vulnerables, mientras que se mantienen beneficios a sectores de mayor poder adquisitivo.

El Debate sobre el Futuro del Estado y la Revisión de la Eficiencia

Con estas desvinculaciones, el gobierno de Milei da un paso más en su plan de transformación del Estado, que también incluyó la implementación de un mega DNU que estableció nuevas políticas de administración pública. En cuanto a los tipos de contratación, los contratos bajo la Ley Marco y los contratos de Locación de Obras y Servicios (LOyS) fueron los más afectados. Estos contratos, que son especialmente utilizados por monotributistas vinculados al Estado, vieron una reducción de casi la mitad de los empleados contratados bajo este régimen.

Aunque el gobierno asegura que estas medidas son necesarias para reducir el gasto público y hacer más eficiente el funcionamiento del Estado, muchos se preguntan si las políticas de ajuste no están afectando demasiado a los sectores más vulnerables. A medida que se acerca el año electoral, el debate sobre el futuro del Estado y las políticas de austeridad sigue siendo un tema candente en la agenda política y social de Argentina.

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