Sospechas de lavado: investigan a Zefico SA, la firma donde Santiago Caputo figura como único empleado
El caso salió a la luz tras un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por un banco el 30 de julio, que alertó sobre el ingreso de US$800.000 entre abril y junio de 2025 a la cuenta de la empresa.
La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga un presunto caso de lavado de activos que involucra a Zefico SA, una sociedad anónima sin actividad comercial conocida y en la que el asesor presidencial Santiago Caputo aparece como único empleado. Según consigno el portal m1, los fondos, divididos en dos transferencias de US$400.000, fueron realizados por Lucas y María Costa, hijos del fundador de Zefico, Pablo Costa, quienes afirmaron que el dinero provenía de una donación de su padre.
A su vez, Costa dijo haber recibido US$500.000 de su madre, María, como donación en 2023. Sin embargo, su declaración jurada de 2021 mostraba un patrimonio nulo, lo que encendió nuevas alertas.
El dinero transferido a Zefico fue derivado luego, bajo la figura de un mutuo, a dos compañías: Netafim Argentina SA (riego agrícola) y Tonka SA (industria del gas). La situación adquiere un matiz político al confirmarse que Caputo, además de ser el único empleado, tributa en la tercera categoría de Ganancias, lo que le permite facturar servicios al Estado sin declarar su patrimonio.
En paralelo, la UIF denunció penalmente la filtración del ROS que permitió que la información llegara a los medios, en especial al diario La Nación, que publicó detalles exhaustivos de la operatoria. El titular del organismo, Paul Starc, aseguró que se investigó internamente el acceso al reporte y, al no encontrar filtraciones desde adentro, se presentó la causa ante la Fiscalía Federal N°4 a cargo de Carlos Stornelli.
El caso pone bajo la lupa no solo una presunta maniobra financiera irregular, sino también el modo en que se blindan los secretos fiscales y bancarios.
La trama involucra a una figura clave en el entorno presidencial y abre un flanco sensible para el gobierno, que deberá responder no solo por el origen de los fondos, sino también por los vínculos entre el poder político y estructuras societarias sin actividad aparente.
