Sonia Alesso denunció hambre en las aulas y advirtió que el ajuste educativo replica los años ’90
El reclamo docente interpela más allá de los gremios: pone en cuestión la capacidad de un gobierno para sostener la educación pública como derecho social y no como variable de ajuste. En un país donde crece la pobreza infantil y el pluriempleo docente, la escuela deja de ser motor de igualdad para transformarse en espejo del despojo.

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, lanzó una advertencia que sintetiza el drama social y educativo que atraviesa el país: “Cada vez más niños y niñas llegan con hambre a la escuela, y los docentes tampoco llegan a fin de mes”.
Sus declaraciones no son solo una denuncia gremial, sino una radiografía cruda de las consecuencias del ajuste aplicado por el Gobierno nacional.
Alesso remarcó que el Ejecutivo incumple la Ley de Financiamiento Educativo, que establece un piso de inversión equivalente al 6% del PBI. La falta de pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), congelado desde hace meses, representa una pérdida salarial millonaria para los maestros: si se actualizara, cada docente recibiría 244 mil pesos más al mes.
En cambio, el proyecto de presupuesto 2026 recorta fondos para salarios, infraestructura, jardines de infantes, formación docente y becas. “Las técnicas tienen 0% de inversión en el presupuesto”, alertó, señalando un retroceso que recuerda al desfinanciamiento educativo de los años ’90.
El análisis trasciende lo sindical: si la escuela pública se vacía de recursos, la promesa de igualdad de oportunidades se desmorona. El hambre en las aulas refleja el fracaso de un modelo económico que prioriza el ajuste sobre la niñez. Y que, además, deteriora las condiciones de vida de los propios docentes, atrapados en salarios insuficientes frente a alquileres, impuestos y una canasta básica en permanente alza.
La crítica también apunta al corazón de la política económica: “El verdadero Ministerio de Educación hoy es Caputo”, sostuvo Alesso, responsabilizando al titular de Economía por un ajuste que redefine prioridades del Estado. La pregunta que queda flotando —“¿dónde está la plata que debía ir a Educación?”— desnuda el desvío de recursos y el vaciamiento presupuestario que contradice la propia normativa vigente.
CTERA respondió con acción: paro, movilización al Congreso y una campaña para exponer ante legisladores el impacto del ajuste en cada provincia. La estrategia busca instalar la educación como un tema central en la agenda política y frenar un deterioro que amenaza con consolidar generaciones condenadas a la exclusión.
