Seguridad aérea en jaque: el Gobierno planea despedir al 50% del personal de la ANAC y se encienden las alarmas
El plan de ajuste del Ejecutivo sobre el organismo que regula la aviación civil incluye más de 1.100 despidos, retiros voluntarios y recortes estructurales. Sindicatos advierten sobre un vaciamiento deliberado que pone en riesgo la seguridad de los vuelos en todo el país.
En una nueva avanzada sobre el Estado, el Gobierno nacional planea despedir al 50% del personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el organismo encargado de garantizar la seguridad operacional en los cielos argentinos.
El ajuste afectaría directamente a más de 1.100 trabajadores entre planta permanente, contratados y personal bajo otras modalidades, según un documento oficial al que accedió la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
La noticia encendió las alertas en el sector aeronáutico, ya que la ANAC cumple funciones estratégicas en 27 aeropuertos del país, desde la fiscalización de vuelos y el control técnico de aeronaves, hasta la habilitación de personal aeronáutico y la supervisión de condiciones de seguridad. Para los trabajadores, el recorte no solo implica despidos masivos, sino también un riesgo directo para la seguridad aérea de millones de personas.
“Tiene que quedar claro que no somos los trabajadores, sino las políticas del Gobierno las que ponen en riesgo las operaciones aerocomerciales”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
Recorte estructural con consecuencias operativas
El plan implica la reducción de la planta permanente de 1.554 a solo 761 empleados, mediante pases a disponibilidad, jubilaciones forzadas y reubicaciones sin criterio técnico, seguido de un proceso de retiros voluntarios para otros 600 trabajadores. A esto se suma la posible desvinculación de más de 300 contratados, incluidos aquellos bajo el régimen del artículo 9, aumentando la vulnerabilidad laboral en un sector altamente técnico.
Desde el gremio sostienen que el objetivo real es el vaciamiento progresivo del organismo como antesala de una futura privatización. No es un planteo aislado: experiencias similares se han visto en otras dependencias públicas bajo esta gestión, que avanza con una política de “achique” del Estado sin evaluar las consecuencias en áreas sensibles como la salud, la educación o la seguridad.
ATE anunció una protesta nacional para el miércoles 4 de junio en todos los aeropuertos del país, y no descarta una paralización total de las actividades aéreas si el Gobierno no da marcha atrás con el plan.
¿Ajuste o desmantelamiento?
El trasfondo de esta decisión remite a una lógica de eficiencia mal entendida. Lejos de basarse en evaluaciones técnicas o auditorías de productividad, el ajuste se presenta como una medida meramente fiscalista. Lo paradójico es que auditorías internacionales han señalado justamente la falta de personal como uno de los principales desafíos de la ANAC.
La reciente designación de Oscar Villabona al frente del organismo mediante el decreto 360/25 parece marcar el inicio de una nueva etapa: menos Estado, menos regulación, más riesgo.
Una mirada crítica: ¿quién protege el espacio aéreo?
Resulta contradictorio que mientras el Gobierno promueve el crecimiento de la actividad aerocomercial, desfinancie al ente regulador que debe garantizar la seguridad de esa expansión. Sin una ANAC robusta, con personal calificado y cobertura nacional, las tareas de inspección, habilitación y supervisión quedan comprometidas. En otras palabras, sin control, no hay seguridad aérea confiable.
Este ajuste tampoco se produce en el vacío. Se enmarca en una política más amplia de desregulación, reducción del empleo público y desprecio por el rol del Estado como garante de derechos y seguridad. El resultado es una fragilización del sistema aeronáutico que afecta tanto a trabajadores como a pasajeros, a empresas del sector y a toda la cadena que depende del transporte aéreo.
En un país con enormes distancias y donde el avión muchas veces es un servicio esencial, reducir a la mitad al personal que asegura que todo funcione de manera segura no es una medida administrativa: es una decisión política con posibles consecuencias trágicas.
Si el Gobierno no reconsidera este rumbo, no solo enfrentará conflictos gremiales. Estará, además, exponiendo a la ciudadanía a un riesgo innecesario, por el solo afán de cumplir con una promesa de ajuste que empieza a mostrar sus límites más peligrosos.
