12 de junio de 2026

Santilli asumió el Ministerio del Interior con una meta ambiciosa: formalizar 8 millones de empleos

La propuesta de generar millones de empleos formales aparece, así, como una apuesta ambiciosa que combina un diagnóstico social innegable con un enfoque económico de alto riesgo político. Si el proceso se traduce en más trabajo con menos derechos, el desafío no solo será económico, sino también social y democrático: cómo construir inclusión en un modelo que redefine las fronteras entre el empleo, el Estado y el mercado.

Ph: m1

Diego Santilli, recientemente designado ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, inauguró su gestión con un mensaje claro: el objetivo del gobierno de Javier Milei en esta nueva etapa será incorporar a entre 6 y 8 millones de trabajadores al empleo formal.

La meta, presentada como un desafío de desarrollo y justicia social, es también la puerta de entrada a una reforma laboral que busca reconfigurar las reglas del mercado de trabajo argentino.

En declaraciones radiales, Santilli describió un panorama preocupante: de los 23 millones de personas en edad laboral, solo 6 millones trabajan en el sector privado formal y 3 millones en el público, mientras 14 millones permanecen fuera del sistema. Ese diagnóstico, que combina precariedad, informalidad y exclusión, es el argumento con el que el gobierno libertario busca justificar cambios estructurales en la legislación laboral y en los convenios colectivos.

Aunque el ministro negó que los trabajadores actuales vayan a perder derechos, su discurso deja entrever la intención de establecer un régimen más flexible para los nuevos empleados. Al citar el ejemplo del convenio de Vaca Muerta de 2016, Santilli destacó la necesidad de “modernizar” los acuerdos laborales para fomentar el empleo, un enfoque que apunta a reducir costos empresariales y aumentar la competitividad, pero que genera preocupación entre sindicatos y analistas laborales por su posible impacto en la estabilidad y las condiciones de trabajo.

Su llegada al Ministerio del Interior no solo responde a una lógica técnica, sino también política. Proveniente del PRO y con trayectoria en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, Santilli representa un puente entre el núcleo libertario y el ala más pragmática del oficialismo. En ese sentido, su papel será clave para sostener los equilibrios dentro del gobierno y articular con gobernadores, senadores y diputados en un contexto legislativo reconfigurado tras las elecciones.

Santilli insistió en que el diálogo con las provincias será central, aunque acotado al “marco definido por el presidente”, centrado en el equilibrio fiscal y la eliminación del déficit. Esa definición deja claro que el Ministerio del Interior no actuará como mediador político tradicional, sino como ejecutor de una agenda económica rígida que prioriza la disciplina fiscal sobre la negociación territorial.

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