15 de junio de 2026

Río de Janeiro difundió un video institucional contra el racismo con imágenes de la abogada santiagueña

El material fue publicado en las redes sociales del organismo y utiliza un video grabado por testigos durante un altercado entre la turista y un trabajador de un bar, en el que se la ve realizando gestos ofensivos al compararlo con un mono.

La Policía Civil de Río de Janeiro incorporó imágenes de Agostina Páez, abogada santiagueña acusada de injuria racial, en una campaña oficial destinada a concientizar sobre el racismo.

El spot institucional remarca que en la ciudad brasileña los actos racistas son considerados delitos y reciben una respuesta penal inmediata. “En Río de Janeiro, el racismo se castiga como un crimen”, sostiene el mensaje principal del video, que también advierte a los visitantes extranjeros que no se permitirán conductas discriminatorias contra la población local.

La pieza audiovisual repasa el episodio desde el inicio del intercambio verbal hasta la intervención policial que culminó con la detención de la mujer. A lo largo del relato, el locutor enfatiza la dureza de las leyes brasileñas frente a este tipo de agresiones y describe la secuencia de insultos, gestos racistas e intentos de humillación hacia el empleado.

El cierre del mensaje es contundente: “Respete al pueblo brasileño o enfrente las consecuencias legales”. En la publicación realizada en la cuenta oficial @policiacivil_rj de Instagram, la fuerza afirmó que el racismo no será tolerado y destacó que la denuncia fue tomada de inmediato. El posteo generó una amplia repercusión, con numerosos mensajes de respaldo, aunque también hubo usuarios que señalaron la existencia de videos donde el mozo habría realizado gestos obscenos.

Páez fue imputada formalmente por racismo el viernes pasado, tras el hecho ocurrido días antes. La Justicia de Brasil dispuso el uso de una tobillera electrónica y le prohibió salir del país mientras avanza la investigación. Además, una de las personas que la acompañaban también fue procesada por el mismo incidente.

En paralelo, la abogada denunció haber recibido amenazas de muerte luego de que el caso se viralizara. Su situación judicial le impide abandonar territorio brasileño, mientras la Policía Civil reafirma su política de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de odio racial.

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