Retiro de YPF en Mendoza: denuncian más de 1.000 despidos y alertan el deterioro ambiental
El conflicto pone en evidencia los desafíos que enfrentan las provincias petroleras cuando se producen cambios en la estructura de operación del sector: la protección del empleo, la continuidad de la actividad económica y la responsabilidad ambiental quedan en el centro de un debate que, en Mendoza, todavía busca respuestas concretas.
El proceso de retiro de YPF de las áreas petroleras de Mendoza Norte comienza a mostrar consecuencias profundas tanto en el plano laboral como ambiental.
Dirigentes sindicales del sector advirtieron ante legisladores provinciales que la transición hacia nuevas operadoras ha derivado en más de mil despidos y en la paralización de tareas de remediación ambiental en zonas de explotación.
La denuncia fue presentada en la Comisión de Hidrocarburos del Senado provincial, donde los secretarios generales de los sindicatos de Petroleros Privados de Cuyo y de Camioneros expusieron el impacto que tuvo la salida de la petrolera estatal sobre la actividad económica de la cuenca. Según los representantes gremiales, la reducción de operaciones y la reorganización empresarial generaron un fuerte retroceso en el empleo, además de un escenario de creciente precarización laboral.
De acuerdo con los datos aportados por los sindicatos, entre 2025 y 2026 se registraron más de mil bajas laborales vinculadas al repliegue de la actividad. Para los dirigentes gremiales, el problema no se limita a una reestructuración empresarial, sino que refleja un proceso más amplio de debilitamiento del entramado productivo que históricamente sostuvo la industria petrolera en la región.
Los referentes sindicales también señalaron que la salida de YPF provocó la retirada o reducción de operaciones de empresas proveedoras y contratistas que durante años formaron parte de la cadena de valor local. Este fenómeno, sostienen, repercute directamente en la economía regional y en las comunidades que dependen de la actividad hidrocarburífera.
Otro punto crítico planteado ante los senadores fue el presunto abandono de las tareas de remediación ambiental en áreas operativas. Los gremios sostienen que algunas de las nuevas operadoras, entre ellas Petrolera Sudamericana, no estarían cumpliendo con los trabajos necesarios para tratar los pasivos ambientales generados durante décadas de explotación petrolera.
Según los sindicatos, las denuncias por este problema fueron presentadas hace más de seis meses ante el gobierno provincial sin que hasta el momento se hayan registrado avances significativos. Esta situación, advierten, podría agravar el impacto ambiental en zonas ya afectadas por la actividad extractiva.
Frente a este panorama, los legisladores solicitaron a los gremios la presentación de documentación que respalde la información sobre despidos y el estado de los pasivos ambientales. Al mismo tiempo, los representantes sindicales ofrecieron coordinar recorridas por las áreas afectadas para visibilizar las condiciones actuales de los yacimientos.
