Resistencia de magistrados y funcionarios de la Justicia nacional ante el proyecto de disolución del fuero laboral
Bajo la firma del juez Andrés Basso, la entidad denunció que el proyecto no solo intenta transferir competencias a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, sino que introduce mecanismos de presión que vulneran la independencia de los jueces.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional manifestó un rechazo tajante hacia la Reforma Laboral libertaria, advirtiendo que el texto legal busca desarticular la Justicia Nacional del Trabajo.
Esta postura institucional coloca al Poder Judicial en un estado de alerta frente a lo que consideran un avasallamiento institucional sin precedentes en la etapa democrática.
El núcleo del conflicto reside en dos artículos que los magistrados califican como inadmisibles. El primero impone la obligatoriedad de seguir los precedentes de la Corte Suprema bajo amenaza de juicio político por mal desempeño, una medida que rompe con el principio fundamental de que el contenido de las sentencias no puede ser motivo de remoción.
El segundo punto crítico establece una vigencia transitoria para el fuero laboral nacional, decretando su disolución progresiva una vez concretado el traspaso a la justicia porteña, un proceso que lleva décadas de disputas jurisdiccionales y políticas.
Esta reacción de los jueces evidencia una tensión profunda entre el Poder Ejecutivo y la magistratura. Mientras el Gobierno argumenta una modernización del sistema, los funcionarios judiciales interpretan que la reforma busca domesticar los fallos laborales y diluir la especialización del fuero.
Al declararse en estado de sesión permanente, la Asociación de Magistrados deja abierta la puerta a acciones legales para frenar una iniciativa que, según su visión, atenta contra el orden constitucional y la estabilidad del sistema de protección del trabajo en la Argentina.
