Salario mínimo: la brecha entre el piso legal y la realidad económica se profundiza

Mientras el Gobierno de Javier Milei mantiene sin convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) volvió a poner sobre la mesa una discusión que excede la actualización de una cifra: cuánto debería ganar un trabajador para cubrir las necesidades que la propia legislación argentina considera básicas.

Según el denominado Índice FreSU, el salario mínimo correspondiente a julio debería haber alcanzado los $3.065.161, frente a los $376.000 vigentes para una jornada máxima de 48 horas semanales. La diferencia supera el 700% y expone una creciente distancia entre el piso salarial oficial y el costo real de vida.

El cálculo sindical sostiene que ese monto debería permitir cubrir alimentación, vivienda, transporte, esparcimiento, vacaciones, salud, previsión social, educación y vestimenta, en línea con lo establecido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Para el FreSU, el salario mínimo debería incrementarse un 715% para alcanzar ese nivel. El dato adquiere mayor peso al observar la evolución desde diciembre de 2023: mientras el salario mínimo aumentó un 141%, la inflación acumulada llegó al 328%, dejando al ingreso de referencia muy por detrás del aumento del costo de vida.

El deterioro salarial como política económica

El informe también advierte sobre una pérdida significativa del poder adquisitivo durante la gestión de La Libertad Avanza. De acuerdo con sus estimaciones, los salarios del sector privado acumularon una caída real del 23%, mientras que los del sector público retrocedieron un 9% en los últimos doce meses.

El FreSU calcula además que los trabajadores estatales dejaron de percibir más de $14,9 millones por persona frente a una evolución salarial equivalente a la inflación desde diciembre de 2023, mientras que en el sector privado la pérdida superaría los $2,8 millones. A esto suma un endeudamiento de los hogares estimado en $46 billones durante los últimos 32 meses para sostener consumos básicos, acompañado por un fuerte aumento de la morosidad.

El reclamo sindical apunta así a una contradicción central del modelo económico: mientras el Gobierno sostiene una política de contención salarial como herramienta para moderar la inflación, el deterioro de los ingresos obliga a muchas familias a recurrir al crédito y al endeudamiento para cubrir necesidades esenciales. La falta de convocatoria al Consejo del Salario, que lleva nueve meses sin reunirse, profundiza además la disputa institucional sobre quién define el piso de ingresos de los trabajadores. Desde distintos sectores sindicales reclamaron una recomposición inmediata y cuestionaron que las reuniones continúen realizándose de manera virtual.

Más allá de las cifras elaboradas por el FreSU, el contraste entre el salario mínimo vigente y el costo de una canasta de necesidades básicas plantea un interrogante político de fondo: si el piso salarial deja de alcanzar para cubrir las condiciones de vida que la legislación reconoce como derechos, la discusión ya no pasa solamente por cuánto aumenta el salario, sino por qué nivel de ingresos está dispuesto a garantizar el Estado en una economía que busca reducir la inflación a costa de una fuerte presión sobre los ingresos laborales.