Represión, impunidad y silencio judicial frente a la violencia institucional en Tucumán
El pedido de la Asociación Bancaria para intervenir como querellante en la causa por la represión en Concepción expone una parálisis judicial que resulta alarmante.
A pesar de la gravedad de los hechos ocurridos en la sucursal del Banco Patagonia, donde la violencia física y el uso de armas contra representantes sindicales fueron documentados, el expediente parece haber quedado atrapado en un laberinto burocrático dentro del Ministerio Público Fiscal, según consigno Infogremiales. La falta de medidas de fondo y la ausencia de imputaciones formales hasta la fecha sugieren una preocupante reticencia por parte de la fiscalía para investigar a las fuerzas de seguridad provinciales.
La evidencia que circula en el legajo judicial aporta una dimensión ética y política que trasciende la agresión física inicial. La existencia de mensajes y chats entre los efectivos involucrados, donde se registran comentarios y supuestos festejos tras el operativo, revela una cultura institucional que naturaliza el abuso de poder.
La mención a pruebas periciales como el dermotest en un contexto de protesta sindical no solo es sugestiva, sino que apunta a una criminalización de la actividad gremial que vulnera tratados internacionales y derechos constitucionales básicos.
El conflicto central no radica únicamente en el accionar individual de los policías imputados, sino en la cadena de mando que aún permanece en las sombras.
Al solicitar ser parte de la querella, el gremio liderado por Cecilia Sánchez Blas busca romper el cerco de silencio sobre quiénes dieron las órdenes superiores para ejecutar un operativo de tal magnitud. Mientras la Unidad Fiscal de Concepción no avance con una investigación transparente y ágil, la justicia tucumana envía un mensaje peligroso de permisividad ante la vulneración de la libertad sindical y el derecho a la protesta.
