Régimen penal juvenil: el oficialismo logra dictamen en Diputados y profundiza el debate sobre castigo y reinserción
El dictamen será sometido a votación en una sesión especial en la Cámara baja, con perspectivas de aprobación gracias a la mayoría oficialista. Sin embargo, el choque de enfoques evidencia que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil en Argentina sigue siendo, además de legal, profundamente política y social, confrontando nociones de prevención, rehabilitación y justicia proporcional.
El oficialismo consiguió este miércoles firmar el dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil, incluyendo la polémica reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa contó con el respaldo de bloques como PRO, UCR, La Libertad Avanza, Provincias Unidas e Innovación Federal, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda expresaron críticas contundentes.
El proyecto busca modernizar un régimen que muchos consideran “vetusto”, incorporando sanciones alternativas a la prisión, separación de menores y adultos en los centros de detención y un máximo de 15 años de reclusión para los delitos más graves. También contempla la asignación de recursos adicionales: más de 20.000 millones de pesos para la Defensoría General y más de 3.000 millones para el Ministerio de Justicia, un punto clave para garantizar la aplicación efectiva de la ley.
El debate expuso las tensiones ideológicas sobre seguridad, castigo y justicia juvenil. Para el oficialismo, la medida es un paso hacia la reducción de la reincidencia juvenil, apoyándose en experiencias regionales como Chile, donde la baja de la edad de imputabilidad se asoció a una caída del 28% en la reincidencia. Por el contrario, la oposición peronista y la izquierda denunciaron un sesgo punitivo y señalaron que la iniciativa podría penalizar desproporcionadamente a menores de sectores vulnerables, sin abordar desigualdades sociales estructurales.
