Querella criminal contra Juan Carlos I, por presuntos delitos fiscales

Un grupo de destacados juristas, fiscales y exmagistrados ha interpuesto una querella criminal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el rey emérito Juan Carlos I por presuntos delitos fiscales cometidos entre los años 2014 y 2018.

En el centro de la acusación se encuentran cinco delitos fiscales vinculados a las declaraciones tributarias del exmonarca, hechos que se habrían producido tras su abdicación y en los que, según los querellantes, se habrían producido irregularidades sustanciales con la Hacienda Pública.

¿Por qué ahora?

La querella se presenta en un momento particularmente delicado para Juan Carlos I, quien desde su abdicación en 2014 dejó de gozar de la inviolabilidad que le otorga la Constitución española durante su mandato. La acción legal se centra en los actos cometidos después de su renuncia al trono, periodo en el que, aseguran los denunciantes, se llevaron a cabo irregularidades fiscales graves.

El grupo que lidera la querella está formado por nombres de gran peso en el ámbito judicial, como el exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, y fiscales anticorrupción jubilados como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. Según los querellantes, existen suficientes indicios de que las regularizaciones fiscales que el rey emérito presentó en 2020 y 2021 no fueron legales, ya que se habrían efectuado tras haber sido notificado sobre la apertura de una investigación en su contra por delitos fiscales.

El caso de las regularizaciones fiscales

Uno de los puntos centrales de la querella son las dos regularizaciones fiscales presentadas por Juan Carlos I, que según los denunciantes, no habrían cumplido con los requisitos legales necesarios para ser consideradas válidas. En diciembre de 2020, el rey emérito regularizó su situación tributaria en relación con el impuesto de sucesiones, con un importe total de 556.412 euros, más recargos e intereses de demora. En su autoliquidación, señaló que esta regularización se debía a las «donaciones de Allen Sanginés Krause», un empresario que ha estado vinculado a la familia real.

La segunda regularización se realizó en febrero de 2021, por un monto mucho mayor: 4.416.757,46 euros. Esta cantidad correspondía a los gastos sufragados por la Fundación Zagakta, vinculada al primo del rey emérito, Álvaro de Orleans. Esta regularización se refiere a gastos relacionados con la gestión de su fortuna en el extranjero desde junio de 2014, es decir, después de su abdicación. Los querellantes argumentan que estas regularizaciones fueron efectuadas de manera irregular, ya que se realizaron cuando el rey ya había sido notificado sobre la investigación abierta en su contra, lo que pone en entredicho su validez legal.

El archivo de investigaciones internacionales

El caso de Juan Carlos I también ha sido objeto de varias investigaciones en otros países, aunque en muchos casos las pesquisas han sido archivadas. Suiza, por ejemplo, cerró el caso relacionado con el cobro de comisiones por la adjudicación del contrato del AVE a La Meca, alegando que no se pudo probar que el rey emérito hubiera recibido pagos ilegales o que existiera una relación directa entre él y la adjudicación del contrato a empresas españolas.

Por su parte, el Reino Unido también archivó el caso relacionado con las denuncias de su ex amante, Corinna Larsen, quien lo acusaba de acoso y difamación. El Tribunal Superior británico desestimó la denuncia, señalando que la justicia inglesa no tenía jurisdicción para conocer del asunto. Larsen, quien reclamaba 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) por daños y perjuicios, había llevado el caso ante la justicia británica después de que su relación con Juan Carlos I fuera objeto de controversia pública.

La demanda de los querellantes

En su querella, los denunciantes piden que Juan Carlos I sea citado a declarar, en este caso, en su domicilio de Abu Dabi, donde reside actualmente. Además, solicitan que se interroguen a una decena de personas y representantes de sociedades o fundaciones que habrían gestionado sus finanzas o abonado ciertos gastos del rey emérito en el extranjero.

Entre las figuras mencionadas se encuentran personas vinculadas a la gestión de su patrimonio fuera de España, lo que podría aportar claves cruciales para esclarecer la magnitud de las irregularidades fiscales denunciadas. Para los querellantes, estos nuevos elementos podrían ser determinantes para que el Tribunal Supremo reabra las investigaciones y, en última instancia, decida llevar al exmonarca ante la justicia.

Una querella con implicaciones políticas y sociales

Este nuevo capítulo en la saga judicial del rey emérito llega en un momento de creciente presión social y política. La monarquía española sigue siendo un tema de debate, especialmente en lo que respecta al legado de Juan Carlos I, cuya figura ha estado marcada por escándalos, como su implicación en casos de corrupción y sus relaciones extramatrimoniales, entre otros.

El hecho de que figuras de reconocido prestigio en el ámbito judicial y fiscal, como los fiscales anticorrupción retirados, se hayan sumado a la querella, refleja el creciente malestar en ciertos sectores de la sociedad española con el trato que el exmonarca ha recibido por parte de las instituciones. La querella representa, por tanto, no solo una acción legal, sino también un símbolo de la demanda de transparencia y justicia.

A medida que el caso avance, será crucial observar cómo se resuelven las tensiones entre la figura del rey emérito, la justicia española y la opinión pública. Sin duda, esta nueva querella será un capítulo más en la complicada relación entre la monarquía y la ley, y su desenlace podría tener implicaciones importantes para el futuro de la institución en España.