Piqueteros en la mira: casi 30 allanamientos y varios imputados por «extorsión»
Una amplia operación policial desplegada este lunes , se realizaron al menos 30 allanamientos en el marco de una investigación sobre posibles extorsiones llevadas a cabo por dirigentes de diversas organizaciones sociales para coaccionar a manifestantes a participar en protestas.
La iniciativa fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad tras una avalancha de llamadas a la línea 134, habilitada por la cartera liderada por Patricia Bullrich.
La investigación, que identificó a varios dirigentes sociales, ahora ha resultado en la imputación de 27 de ellos por el delito de extorsión. Entre los imputados se encuentran Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, del Partido Obrero, así como otros líderes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.
Inicialmente, el fiscal solicitó detenciones, pero estas fueron denegadas por el juez Sebastián Casanello. La Cámara Federal finalmente autorizó los allanamientos como medida de prueba, lo que se llevó a cabo en el día de hoy.
Según la fiscalía, se identificaron tres formas de extorsión relacionadas con los planes sociales otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social: exigir una «cuota» a los beneficiarios para el funcionamiento de los comedores, obligarlos a vender los alimentos recibidos del Estado Nacional y asistir a manifestaciones, bajo amenaza de perder la ayuda.
La fiscalía cuenta con mensajes que evidencian las sanciones impuestas a aquellos que no cumplían con asistir a las manifestaciones, como la exclusión de los beneficios o la inclusión en una lista de espera para acceder a los programas sociales.
Los delitos imputados incluyen extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los allanamientos se llevaron a cabo en comedores y residencias particulares después de una exhaustiva labor de inteligencia que permitió identificar a los implicados, así como el uso de intervenciones telefónicas autorizadas por el juzgado.
La fiscalía destacó que estos actos ilegales perjudicaron gravemente los intereses confiados a los imputados, desviando fondos y recursos destinados a la asistencia social hacia fines lucrativos personales.
