«Piensan que la traición al movimiento obrero será gratis, ¡sépanlo! lo pagarán muy caro»

Las recientes declaraciones del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz —quien denunció sentirse amenazado por respaldar las iniciativas impulsadas por la administración de Javier Milei— expusieron el nivel de confrontación que atraviesa el debate. La respuesta de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Capital fue directa y de alto voltaje político.

La avanzada del Gobierno nacional con su proyecto de reforma laboral no solo profundiza la disputa con el sindicalismo, sino que comienza a reconfigurar el mapa de alianzas políticas en las provincias.

Durante una asamblea de delegados realizada en la sede gremial, el secretario general adjunto de la UOM Seccional Capital, Roberto Bonetti, rechazó las acusaciones de violencia y encuadró el conflicto en términos políticos y electorales. “El gobernador Sáenz no debe tener miedo a ninguna acción administrativa ni de violencia en su contra o de sus legisladores. A lo que sí debe temer, y mucho, es al repudio obrero y popular de Salta y de todo el país”, sostuvo.

El eje del planteo sindical no se centró únicamente en el contenido técnico de la reforma, sino en su dimensión histórica y simbólica. Bonetti vinculó el proyecto actual con intentos previos de modificación del régimen laboral durante los gobiernos de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, interpretándolo como parte de una secuencia de reformas estructurales resistidas por el movimiento obrero. En esa línea, marcó una diferencia con la gestión actual: mientras que —según su visión— administraciones anteriores buscaron acuerdos “mediante la corrupción para comprar voluntades”, afirmó que el oficialismo libertario “corrompe a cielo abierto”.

La declaración más contundente, sin embargo, estuvo dirigida al costo político que, según el gremio, enfrentarán los mandatarios que acompañen la iniciativa. “Piensan que la traición al movimiento obrero será gratis. ¡Sépanlo! Lo pagarán muy caro en las elecciones frente al pueblo argentino”, advirtió el dirigente. La advertencia introduce una variable clave: el sindicalismo no solo se posiciona en el terreno de la protesta —con paro y movilización hacia el Congreso— sino también en el plano electoral, donde busca capitalizar el rechazo a la reforma.

Desde la perspectiva de la UOM Capital, el respaldo de algunos gobernadores respondería a negociaciones fiscales o presupuestarias con la Casa Rosada. Bonetti denunció que “varios gobernadores y senadores buscan sacar ventaja entregando los derechos de los trabajadores a cambio de regalías que no supieron conseguir de otro modo”, instalando la idea de un intercambio entre apoyo legislativo y recursos para las provincias.

El episodio revela un doble frente de tensión para el Gobierno: por un lado, la necesidad de consolidar mayorías legislativas en un Congreso fragmentado; por otro, el impacto político de esas alianzas en los territorios, donde el sindicalismo conserva capacidad de movilización e influencia electoral. En ese cruce, la reforma laboral se convierte no solo en una discusión normativa sobre empleo y competitividad, sino en una disputa de poder entre la Nación, las provincias y el movimiento obrero organizado.