Petri se defiende: «No violamos la Ley de Seguridad Interior», tras autorizar a militares a detener civiles
La decisión del Gobierno de ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas en territorio nacional reaviva viejos temores sobre el respeto a los límites que la propia democracia argentina, tras años de dictadura, impuso para proteger a la ciudadanía de eventuales excesos militares.
En medio de una fuerte polémica, el ministro de Defensa, Luis Petri, intentó justificar su controvertida decisión de habilitar a las Fuerzas Armadas a detener civiles en casos de delitos flagrantes, una medida que generó preocupación y duras críticas por un posible avance sobre los límites legales establecidos en democracia.
«Lo han podido hacer siempre. Hay una confusión», minimizó Petri en declaraciones a Radio Rivadavia, apelando al artículo 183 del Código Procesal Penal, que permite a cualquier persona aprehender a otra en flagrancia. Sin embargo, su interpretación omite deliberadamente que las Fuerzas Armadas no son «cualquier persona» en el marco legal argentino, donde su accionar interno está rigurosamente regulado por la Ley de Seguridad Interior, justamente para evitar su intervención en asuntos civiles.
Consultado directamente sobre si esta nueva disposición vulnera dicha ley, Petri ensayó una defensa parcial: «No, las Fuerzas Armadas estarán en zonas inhóspitas, no en lugares poblados ni en pasos fronterizos habilitados», dijo, sin aclarar cómo se controlará este accionar o qué límites reales tendrán los uniformados en el terreno.
En un intento por justificar la medida, el ministro recordó que el kirchnerismo también desplegó tropas en la frontera durante el Operativo Escudo Norte (2011-2016), aunque reconoció que, en aquella oportunidad, no se les otorgaron facultades de detención. La diferencia es sustancial y subraya el cambio de paradigma impulsado ahora por la gestión de Petri.
Ante las críticas de su antecesor, Agustín Rossi, el actual ministro se mostró despectivo: «Me sorprende que alguien que fue ministro de Defensa no conozca la ley», dijo, esquivando nuevamente el núcleo del debate: el riesgo que implica abrirle la puerta a una intervención militar en asuntos de seguridad interior.
Petri insistió además en que se está «capacitando específicamente a las Fuerzas Armadas en tareas de control de fronteras», equiparándolo a misiones en el exterior como en Chipre, aunque soslayó que en democracias consolidadas las fronteras suelen ser resguardadas por fuerzas de seguridad civiles, no por militares con entrenamiento bélico.
