Pese a la resistencia del agro, el Gobierno endurece el control sobre semillas

La medida, oficializada este lunes mediante una resolución conjunta entre el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, marca un nuevo capítulo en la discusión sobre los derechos de propiedad intelectual en el sector agropecuario.

En medio de cuestionamientos de entidades rurales y bajo un escenario de creciente presión internacional, el Gobierno nacional avanzó con una nueva normativa que amplía los mecanismos de control sobre el origen de las semillas utilizadas en la producción agrícola.

La decisión había sido anticipada días atrás por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y se produce en un contexto en el que Estados Unidos viene reclamando mayores garantías para las empresas desarrolladoras de biotecnología y genética vegetal.

La nueva reglamentación establece que los controles podrán realizarse a partir de muestras tomadas en los primeros puntos de entrega de la producción, como acopios y puertos. El objetivo oficial es verificar la identidad varietal de los granos mediante tecnologías que, según el Gobierno, permiten determinar con precisión científica el origen genético de los cultivos.

Sin embargo, la iniciativa despertó fuertes reparos entre productores y organizaciones rurales, que consideran que el sistema incrementará costos, burocracia y mecanismos de fiscalización sobre la actividad agrícola. Desde distintos sectores del campo advierten que la medida fortalece la posición de las grandes compañías semilleras en detrimento de los productores.

Especialistas del sector señalan además que el esquema recuerda al antiguo sistema Bolsatech, implementado durante la gestión de Mauricio Macri para monitorear el uso de determinadas variedades protegidas. En aquel momento, la herramienta surgió en medio de tensiones entre el Estado, los productores y las empresas vinculadas al negocio de las semillas transgénicas.

Aunque la resolución tendrá aplicación sobre las nuevas variedades que se registren a partir de su entrada en vigencia, para muchos actores del sector constituye un antecedente clave de cara a futuras modificaciones del régimen de propiedad intelectual sobre semillas.

La medida también vuelve a poner sobre la mesa el debate por una eventual adhesión de Argentina al convenio internacional UPOV 91, impulsado por corporaciones semilleras y respaldado por Estados Unidos. Dicho acuerdo amplía los derechos de los obtentores vegetales y restringe determinadas prácticas tradicionales de reutilización de semillas por parte de los productores.

Mientras el Gobierno sostiene que la actualización de los mecanismos de control es necesaria para incentivar la innovación y proteger las inversiones en genética agrícola, las entidades rurales reclaman una discusión más amplia y consensuada sobre el futuro de la Ley de Semillas. La controversia promete profundizarse en los próximos meses, en un sector donde la disputa entre innovación, rentabilidad y soberanía productiva sigue lejos de resolverse.