Patricia Bullrich respalda al policía que mató a Thiago Correa y apunta contra la Justicia

En medio de una profunda conmoción social por la muerte de Thiago Correa, el niño de 7 años baleado por un efectivo de la Policía Federal durante un intento de robo en La Matanza, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a respaldar al agente involucrado y criticó con dureza al sistema judicial, intensificando una postura que divide aguas entre la seguridad y los derechos civiles.

Durante una entrevista televisiva, Bullrich se mostró visiblemente molesta por la imputación de “exceso de legítima defensa con resultado de muerte” contra el oficial Facundo Aguilar Fajardo, quien disparó su arma de fuego en una situación confusa que terminó con la vida del menor.

“¿Dónde vive ese fiscal? ¿De verdad cree que el policía quería matar a un chico de siete años?”, lanzó la ministra, cuestionando no solo la figura penal aplicada sino el criterio mismo del accionar judicial.

La funcionaria no solo ofreció respaldo político y simbólico, sino también institucional: anunció que “todo el cuerpo legal del Estado” estará disponible para la defensa del uniformado, reforzando una visión que entiende al accionar policial como una línea infranqueable ante cualquier cuestionamiento. En este sentido, volvió a remarcar que, a su entender, la responsabilidad del crimen recae exclusivamente en los delincuentes que protagonizaron el asalto, desligando de toda culpa al agente armado. “De ninguna manera se puede culpar a una persona por hacer lo que tiene que hacer un policía”, subrayó.

El caso, que ya había encendido alarmas por el uso letal de la fuerza en contextos urbanos, suma ahora un componente político: el abierto enfrentamiento de la ministra con el Poder Judicial, a quien acusa de favorecer indirectamente a los delincuentes. Según Bullrich, la imputación penal al efectivo “es la carátula que defienden los delincuentes y que hace que las fuerzas de seguridad, cada vez que vayan a defender a un ciudadano, lo piensen dos veces”.

Este enfoque despierta preocupación en sectores que advierten sobre una peligrosa flexibilización de los límites legales del accionar policial. Para organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad, la defensa incondicional de un oficial que provocó una muerte civil, aun si accidental, contradice los principios de uso proporcional de la fuerza y debida diligencia. La pregunta que sobrevuela es si se está frente a una doctrina que, bajo el lema de “mano dura”, corre el riesgo de institucionalizar la impunidad.

Como si el escenario no fuera ya lo suficientemente tenso, Bullrich también aprovechó la entrevista para referirse al reciente arresto del dirigente social Juan Grabois por la toma de un edificio estatal. Aunque negó que hubiera una orden presidencial detrás de su detención, justificó la acción como “una flagrancia” y aseguró que “no se puede dejar que un señor como Grabois tome un bien del Estado”. Así, la ministra redobló su perfil confrontativo tanto en el plano judicial como político, reafirmando un estilo que privilegia la acción inmediata por sobre los marcos institucionales.

En un contexto social marcado por la inseguridad y la creciente polarización, las palabras y decisiones de Bullrich no solo generan impacto, sino que delinean una línea de gobierno clara: tolerancia cero al delito, pero también una fuerte desconfianza hacia los controles judiciales. El caso de Thiago, más allá del dolor irreparable que supone la pérdida de una vida inocente, se convierte en un espejo incómodo para un país que discute hasta dónde se puede y se debe defender.