Panamá: la CIDH condena la represión y pide “garantizar la protesta social”
Ante el contexto de protestas sociales registrada en las últimas semanas en Panamá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) hacen un llamado al Estado a respetar y garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, de conformidad con los estándares interamericanos.
Las protestas iniciadas en Panamá exigen la derogación de la ley 406, que aprobó un contrato de concesión por 20 años a una empresa para explotar la mayor mina de cobre abierto de Centroamérica. Según información, este contrato habría sido negociado en seguimiento a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de explotación original que se encontraba en ejecución desde 2017.
Los reclamos indican que la aprobación del proyecto se habría realizado en un breve lapso de tiempo y su implementación sería inconstitucional por constituir una afectación a los recursos naturales y medio ambiente.
De acuerdo con información pública, se habrían registrado enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales de las unidades de Control de Multitudes, con el uso excesivo de la fuerza. La Defensoría del Pueblo de Panamá informó que abrió 18 quejas por violaciones a los derechos humanos en ese contexto.
Según dicho organismo, en el curso de las protestas se recibieron quejas por el uso de gases lacrimógenos con fechas vencidas y se reportaron al menos 63 personas heridas, de las cuales 7 serían de gravedad. Una de las personas heridas sería un fotorreportero, quien habría sufrido graves lesiones en un ojo tras ser impactado por un perdigón de gas pimienta. Asimismo, la CIDH conoció que el 7 de noviembre dos manifestantes fallecieron tras disparos de un tercero, el cual fue detenido por las autoridades.
De acuerdo con información pública, más de 900 personas habrían sido detenidas por actos de vandalismo y daños a la propiedad. Por su parte, en comunicado público, la Defensoría del Pueblo indicó que han podido detectar 325 detenciones, de las cuales en la mayoría de los casos las personas detenidas fueron liberadas con multas y sanciones verbales. Según el Estado, las detenciones se habrían dado en el contexto de la comisión de actos de violencia contrarios a la Ley panameña.
La Comisión y su Relatoría también recibieron información sobre agresiones e intimidaciones contra periodistas y medios de comunicación por parte de personas manifestantes, impidiéndoles la cobertura de las protestas.
