PAMI deja de pagar prestaciones: ATE alertó que quieren cerrar la obra social de los jubilados

La crisis en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se agudiza, generando preocupación entre millones de jubilados y pensionados que dependen de sus servicios.

Este jueves, el sindicato ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) alertó sobre la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei esté considerando el cierre de esta vital obra social, en medio de un contexto de fuertes ajustes y despidos en el sector público.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ha implementado lo que él mismo ha denominado la «motosierra 2.0», centrando sus esfuerzos en organismos descentralizados del estado, como el PAMI, que atiende a una de las poblaciones más vulnerables del país. En medio de manifestaciones masivas, ATE denunció que el PAMI, con el tercer presupuesto más grande del país, está sufriendo un desfinanciamiento que amenaza con dejar sin atención médica a sus afiliados.

Desde principios de año, el PAMI ha registrado problemas en el pago de diversas prestaciones, lo que ha llevado a la suspensión de servicios y al despido de aproximadamente 230 empleados en todo el país. Según ATE, la falta de compra de insumos esenciales como bastones, sillas de ruedas y otros elementos de fisiatría ha exacerbado la situación, y el cobro ilegal de aranceles diferenciados por algunas prestaciones ha sido denunciado como una práctica inaceptable.

Uno de los puntos más críticos es el programa «Vivir Mejor», que ofrece medicamentos de forma gratuita. Sin embargo, desde finales del año pasado, las farmacias informan sobre retrasos en los pagos por parte del PAMI, lo que ha afectado a toda la cadena de distribución de medicamentos, incluyendo laboratorios y droguerías. Las farmacias de la provincia de Buenos Aires han comenzado a recibir intimaciones por deudas que el PAMI no ha saldado, lo que pone en riesgo la continuidad del programa.

En una masiva movilización en defensa del PAMI, Aguiar, titular de ATE, enfatizó la necesidad de que esta obra social sea gestionada por un directorio que incluya a trabajadores activos y pasivos, y no por funcionarios ajenos a las necesidades de los jubilados. «La obra social debe ser defendida y normalizada. No podemos permitir que se cierre», afirmó.

La respuesta del gobierno ante estas manifestaciones ha sido la represión. Durante la protesta, varios asistentes fueron agredidos con gas pimienta por las fuerzas de seguridad, lo que ha generado un ambiente de tensión y temor entre los trabajadores y manifestantes. ATE denuncia que la represión y la persecución a sus dirigentes, en particular a Aguiar, son tácticas utilizadas para silenciar la disidencia.

A medida que la situación se torna más crítica, se ha convocado a una «Marcha Federal por la Salud Pública», que reunirá a gremios, entidades de pacientes y otros sectores para visibilizar el desmantelamiento del sistema de salud y exigir respuestas concretas del gobierno. «No podemos permitir que el ajuste siga perjudicando a los más vulnerables. Nos están dejando sin acceso a la salud», concluyó Aguiar.

La crisis en el PAMI no solo es un problema administrativo, sino una cuestión de derechos humanos que afecta a millones de personas, poniendo en riesgo su salud y bienestar en un momento de necesidad. La movilización social se convierte en un elemento clave para enfrentar las políticas de ajuste y defender el acceso a la salud pública en Argentina.