Organizaciones indígenas rechazan acusaciones de «intento de asesinato» a Noboa

En medio de las protestas que sacuden al país desde hace 16 días, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó este martes las acusaciones de un posible «intento de asesinato» contra el presidente Daniel Noboa, desatando una nueva discusión sobre las responsabilidad de las autoridades en la seguridad de las visitas oficiales a zonas de conflicto.

La Conaie afirmó en un comunicado que las imputaciones de magnicidio o intento de asesinato “son infundadas” y apuntó que el ingreso de la caravana presidencial a una zona de resistencia, en la provincia andina de Cañar, no fue un accidente sino una provocación del Gobierno para justificar una represión posterior.

El movimiento indígena cuestionó, además, la capacidad de la seguridad presidencial para evaluar riesgos al planificar recorridos por rutas donde se han registrado protestas por el alza del diésel y otros reclamos.

“¿No existe un equipo de avanzada encargado de analizar riesgos antes de cada desplazamiento?”, señaló la organización, que es la más influyente en el país. En el comunicado reiteraron que el Estado debe garantizar la seguridad del presidente sin exponer a la población civil ni usar los recorridos oficiales como herramientas de confrontación política. La nota añadió que estas decisiones “reflejan la postura guerrerista del Gobierno de Daniel Noboa, que insiste en responder con fuerza militar en lugar de buscar soluciones mediante el diálogo”.

La Conaie también alertó sobre posibles “actos de falsa bandera” orientados a criminalizarlos y desviar la atención de lo que calificaron como la grave crisis social, económica y política que atraviesa Ecuador. En videos que circulan en redes sociales, se observa a un grupo de manifestantes que bloqueaba una carretera en Cañar arrojando piedras contra la caravana presidencial, provocando daños en algunos vehículos y vidrios rotos. Noboa, que estuvo presente en la actividad pese a eludir posibles riesgos, salió ileso.

Las protestas contra el Gobierno de Noboa han dejado un saldo de un indígena fallecido, más de cien personas heridas y un número similar de detenidos en 16 días. Entre los detenidos figuran doce imputados por terrorismo que permanecen en prisión preventiva, lo que ha intensificado la polarización y el debate sobre las medidas de seguridad y los límites de la protesta social.

Operadores políticos y analistas señalan que la confrontación entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas se ha agudizado por la combinación de medidas económicas, como el aumento del precio del diésel, y la percepción de falta de diálogo y respuesta institucional a las demandas sociales. Desde el Gobierno, trascendieron mensajes que insisten en mantener la seguridad de las visitas oficiales y garantizar el correcto desarrollo de las funciones estatales, incluso en contextos de protesta.

Expertos en derechos humanos destacan la necesidad de evitar la criminalización de las protestas y de priorizar la protección de civiles durante eventuales encuentros entre autoridades y manifestantes. También subrayan la importancia de establecer rutas claras para las visitas oficiales que minimicen el riesgo para la población y para los propios funcionarios.

La única certeza es que el país continúa con una movilización social que, según la Conaie, exige diálogo real, medidas de contención de la crisis y un marco de garantías para el ejercicio de expresiones públicas sin caer en provocaciones que radicalicen las posturas de ambas partes. La próxima semana se esperan nuevas negociaciones entre representantes del Gobierno y las organizaciones sociales, con la expectativa de reducir tensiones y buscar salidas a un conflicto que no muestra señales de atenuarse.