La militancia rentada: un tuitero libertario admitió pagos por publicar contenidos y por guardar silencio

Una entrevista reciente volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de las redes sociales como herramienta de construcción política y control del debate público. Fran Casaretto, un conocido militante digital identificado con el oficialismo de Javier Milei, reconoció públicamente que existen pagos no solo para difundir mensajes políticos, sino también para evitar determinadas menciones o críticas en plataformas digitales.

Las declaraciones surgieron durante una conversación con el periodista Ramón Indart, fragmentos de la cual se viralizaron rápidamente en redes sociales.

En ese intercambio, Casaretto describió un esquema de incentivos económicos destinado a operadores digitales con alta llegada en internet, revelando cifras que alimentan las sospechas sobre la utilización de recursos para influir en la conversación pública.

Según relató, algunos usuarios con gran cantidad de seguidores pueden percibir sumas millonarias por la difusión de determinados mensajes. “Han llegado a cobrar un millón de pesos por un tuit”, afirmó, argumentando que el costo resulta insignificante para quienes financian estas campañas debido al alcance masivo que logran las publicaciones.

Sin embargo, el aspecto más controvertido de sus declaraciones fue la admisión de que también recibió dinero para no hablar de ciertos dirigentes. Casaretto aseguró que llegó a cobrar un millón de pesos mensuales para abstenerse de mencionar a un funcionario, aunque evitó revelar su identidad.

La confesión abre interrogantes sobre prácticas cada vez más frecuentes en la política digital: no solo la promoción de contenidos favorables, sino también la supuesta compra de silencios estratégicos para reducir la exposición de dirigentes cuestionados o involucrados en controversias públicas.

El caso adquiere una dimensión política aún mayor porque sectores opositores y diversos medios han señalado desde hace tiempo la existencia de estructuras de comunicación digital vinculadas al oficialismo. En ese contexto, las declaraciones del tuitero fueron interpretadas como una confirmación de mecanismos informales de influencia que operan por fuera de los canales tradicionales de comunicación política.

Más allá de la identidad del funcionario al que hizo referencia, las revelaciones reabrieron el debate sobre la transparencia en el financiamiento de la actividad política en redes sociales, un terreno donde los límites entre militancia, propaganda y operaciones pagadas suelen aparecer cada vez más difusos.