Organizaciones denuncian el asesinato de defensores ambientales en Sierra de las Minas
La defensa del medio ambiente en Guatemala vuelve a estar en la mira tras el brutal asesinato de Marco Antonio Zuleta Quevedo, defensor del ambiente y trabajador de la Fundación Defensores de la Naturaleza, ocurrido en Usumatlán, Zacapa. La noticia ha generado preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales que alertan sobre la creciente violencia contra quienes luchan por la protección de los recursos naturales.

Según informes, Zuleta fue atacado con arma de fuego cuando se dirigía a su hogar en la localidad de Usumatlán. Semanas antes, había presentado una denuncia ante el Ministerio Público (MP) tras recibir amenazas telefónicas de muerte, vinculadas, según sus propias declaraciones, a sus denuncias públicas sobre la extracción ilegal en la Reserva de Biósfera Sierra de las Minas (RBSM), uno de los ecosistemas más estratégicos y amenazados del país.
La Reserva de Biósfera Sierra de las Minas, que abarca más de 240,000 hectáreas en el nororiente de Guatemala y fue declarada área protegida en 1990, ha sido escenario de múltiples conflictos por la explotación de recursos naturales. La junta directiva de la RBSM expresó su consternación y responsabilizó a “personas o grupos con intereses contrarios a la conservación y la biodiversidad, que buscan explotar ilegalmente los recursos en perjuicio del pueblo de Guatemala”.
Por su parte, la organización Defensores de la Naturaleza emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la pérdida de Zuleta y resaltó su compromiso en la lucha por la protección del bosque, del agua y de la biodiversidad en uno de los ecosistemas más importantes del país. “Su valentía y dedicación no serán olvidadas. Su asesinato representa una pérdida irreparable para toda la comunidad ambiental y los derechos humanos en Guatemala”, señalaron.
La Sierra de las Minas, además de ser un patrimonio natural, enfrenta amenazas constantes como la tala ilegal, la expansión de plantaciones de palma africana y los incendios forestales, que en 2024 han destruido más de 5,000 hectáreas. La violencia contra los defensores no es un hecho aislado: en 2014, un guardabosques del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) que vigilaba la misma región fue víctima de un atentado, que le dejó heridas graves y en el que también resultaron heridos su hijo y otra persona.
El caso de Zuleta no es el único. Cinco días después de su muerte, Misael Mata Asencio, también defensor del territorio, fue encontrado sin vida en una finca de la empresa Refinsa, donde laboraba como guardia de seguridad. Según las investigaciones preliminares, fue sorprendido por dos hombres que lo golpearon, le arrebataron su arma y le dispararon en al menos dos ocasiones. Mata participaba en la resistencia contra un proyecto minero en la Sierra Santa Cruz, donde comunidades locales se oponen a la explotación de Río Nickel S.A.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre la vulnerabilidad de los activistas ambientales en Guatemala. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua) reporta que, entre 2014 y 2024, al menos 60 ambientalistas y defensores indígenas han sido asesinados. La organización internacional Global Witness, por su parte, cifra en 78 los defensores del ambiente asesinados en el país en ese mismo período, con una mayoría en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, regiones ricas en recursos naturales y con altos niveles de conflictividad social debido a actividades extractivas.
El informe de Global Witness también señala que el 41% de estos crímenes están vinculados con industrias como hidroeléctricas, tala, minería y agroindustria. La falta de respuestas efectivas por parte del Estado y la impunidad que rodea estos hechos dejan en evidencia la vulnerabilidad de quienes defienden los recursos naturales y los derechos de las comunidades.
Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha informado sobre el estado de las investigaciones relacionadas con las amenazas y el asesinato de Zuleta, ni sobre el registro de defensores del territorio asesinados en los últimos años, a pesar de las solicitudes de información realizadas por Agencia Ocote.
El contexto actual evidencia la urgente necesidad de fortalecer la protección a los defensores ambientales y de implementar medidas que garanticen su seguridad y justicia. La lucha por la conservación en Sierra de las Minas y en todo Guatemala continúa siendo un desafío que requiere la atención y solidaridad de toda la sociedad.
