ONU rechaza reformas en El Salvador que permiten encarcelar a menores con adultos
El 13 de febrero de 2025, varios organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su profunda preocupación por las reformas aprobadas en El Salvador a la Ley Penal Juvenil, que permitirán la reclusión de menores de edad en prisiones de adultos, en contravención de los estándares internacionales de derechos humanos.
El Comité de los Derechos del Niño (CRC), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH-CA) y el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) señalaron que la reforma contradice la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y otros tratados internacionales que exigen un trato diferenciado y especializado para los menores en conflicto con la ley.
En un comunicado conjunto, los organismos expresaron su preocupación por la posibilidad de que los menores acusados de delitos relacionados con el crimen organizado sean recluidos en pabellones para adultos. Aunque el decreto de reforma plantea que los menores estarán en áreas separadas, los organismos advirtieron que la administración de estos pabellones pasaría a manos de una entidad que no cuenta con la especialización necesaria en la atención de la niñez y la adolescencia. Además, alertaron sobre el riesgo que representa el hecho de que estos centros fueron originalmente diseñados para adultos.
«Las reformas representan un retroceso significativo respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a la creación de un sistema de justicia juvenil diferenciado, individualizado y especializado», señalaron los organismos de la ONU. Agregaron que internar a menores junto a adultos pone en peligro la seguridad, salud y el desarrollo psicológico de los adolescentes.
Los organismos internacionales también reiteraron que están dispuestos a brindar apoyo técnico al gobierno salvadoreño para buscar soluciones que promuevan el respeto de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley y favorezcan su reintegración social de acuerdo con las normativas internacionales.
La reforma a la Ley Penal Juvenil fue aprobada el 12 de febrero de 2025 con el respaldo de la fracción oficialista Nuevas Ideas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Concertación Nacional (PCN). Este cambio en la legislación ha generado un intenso debate dentro y fuera del país, especialmente en el ámbito de los derechos humanos y la justicia juvenil.
La declaración conjunta de los organismos de la ONU fue firmada por Anne Skelton, presidenta del Comité de los Derechos del Niño; Karin Hulshof, directora regional para América Latina y el Caribe de UNICEF; Andrés Sánchez Thorin, representante encargado para América Central de la OACNUDH; y Susana Sotolli, directora regional para América Latina y el Caribe del UNFPA.
