Nuevos allanamientos en la ANDIS y la Droguería Suizo Argentina
El juez Sebastián Casanello, a instancias del fiscal Franco Picardi, ordenó nuevos procedimientos en la sede central de la ANDIS, sobre Hipólito Yrigoyen al 1400, y en las oficinas administrativas de la Droguería Suizo Argentina, en Núñez.
La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con un segundo capítulo de allanamientos que golpea tanto a la estructura estatal como a una de las droguerías más influyentes del país.
Los operativos buscan documentación y registros clave para reconstruir la ruta del dinero y determinar hasta qué punto existió un esquema de retornos en el corazón de la política pública vinculada a la salud y la discapacidad. En la ANDIS, los efectivos de la Policía porteña se llevaron los servidores centrales, mientras que en la droguería se incautaron libros contables y registros electrónicos. Ambos elementos serán ahora objeto de peritajes que podrían desnudar el verdadero alcance de la trama.
El avance judicial responde a la presión que generaron los audios filtrados del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se hablaba de “choreos” y de vínculos directos con la Casa Rosada. Lejos de circunscribirse a un caso aislado, la causa se proyecta sobre la red de contrataciones millonarias entre el Estado y proveedores privados, una relación históricamente opaca que ahora aparece teñida por sospechas de corrupción sistemática.
El caso ya había dado muestras de gravedad la semana pasada, cuando en el marco de los primeros allanamientos se descubrió al empresario Emmanuel Kovalivker intentando fugarse de su casa en Nordelta con más de 260 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo dentro de su vehículo. La escena exhibió con crudeza que la investigación no se limita a irregularidades administrativas, sino a un circuito financiero paralelo cuyo sostén parece ser el dinero en negro.
Sin embargo, la pesquisa enfrenta obstáculos técnicos: la imposibilidad de desbloquear el teléfono de última generación de Kovalivker —ni siquiera con la tecnología de la empresa Cellebrite— demora el acceso a información que podría ser determinante. En paralelo, la Justicia levantó el secreto fiscal, bursátil y bancario de Spagnuolo, señal de que el caso podría escalar hacia un rastreo patrimonial más amplio.
El escándalo ya no se centra solo en un funcionario caído en desgracia, sino en la pregunta de fondo: ¿hasta dónde llegaban las conexiones políticas y empresariales que sostenían este entramado? Los allanamientos revelan que el caso se acerca al núcleo de decisiones sensibles del Estado, mientras la magnitud del dinero en juego y la falta de transparencia alimentan una sospecha mayor: que lo descubierto hasta ahora es apenas la superficie de un sistema mucho más profundo.
