«Negociable»: empresario que cenó con Milei sugirió que la jornada laboral argentina podría ser de 13 horas
Mientras el Gobierno insiste en que no hay una decisión tomada y que todo dependerá del debate parlamentario, la polémica deja al descubierto el núcleo del proyecto económico mileísta: una profunda reconfiguración de las relaciones laborales bajo la lógica del mercado. El desafío será discernir si esa “modernización” significa realmente más libertad o simplemente menos derechos.
El debate sobre la reforma laboral volvió a encenderse luego de que el empresario Martín Varsavsky, cercano al presidente Javier Milei, deslizó que el Gobierno evalúa un esquema de trabajo con jornadas de hasta 13 horas diarias, inspirado en el reciente modelo griego.
Aunque aclaró que se trata de una medida “negociable” y no obligatoria, la sola mención de semejante extensión horaria desató una ola de críticas y encendió alarmas en el sindicalismo.
Varsavsky, quien participó en varias reuniones y cenas con el presidente, explicó que la propuesta forma parte de un borrador de reforma laboral más amplio, orientado —según el oficialismo— a “modernizar” el mercado de trabajo y reducir la informalidad. Este paquete incluiría, además, la eliminación de las indemnizaciones por despido, la creación de un fondo de cese laboral, la posibilidad de firmar contratos en cualquier moneda y la flexibilización de las vacaciones.
El argumento oficial se apoya en la necesidad de “romper con la rigidez del sistema laboral argentino” y “combatir la industria del juicio”. Sin embargo, detrás del discurso de eficiencia y libertad de contratación, los críticos advierten un intento de trasladar el costo del ajuste sobre los trabajadores. La eventual jornada de 13 horas, aunque presentada como voluntaria, podría implicar una presión estructural sobre el empleo: en un contexto de alta desocupación y precariedad, pocos asalariados estarían en condiciones reales de negociar.
La referencia al “modelo griego” tampoco es menor. En Grecia, la flexibilización de la jornada laboral fue promovida como una respuesta al estancamiento económico, pero terminó generando una creciente desigualdad y cuestionamientos por la erosión de derechos laborales básicos. Aplicar ese esquema en la Argentina —un país con una larga tradición sindical y un entramado social frágil— podría abrir un escenario de fuerte conflictividad.
La CGT y otros gremios ya expresaron su preocupación, interpretando la iniciativa como un paso hacia el “esclavismo moderno”. En redes sociales, el rechazo fue inmediato, con miles de usuarios señalando la contradicción entre la promesa libertaria de libertad individual y la expansión del tiempo que se pasaría trabajando.
