Motosierra veloz: Récord de despidos en el Estado

La situación en Argentina sigue siendo crítica mientras el gobierno continúa con su política de ajuste, generando un clima de incertidumbre y descontento entre los trabajadores del Estado y la sociedad en general.

El ajuste en el empleo público en Argentina ha alcanzado niveles sin precedentes desde el retorno a la democracia en 1983. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el gobierno del presidente Javier Milei ha ejecutado despidos masivos que han reducido la plantilla de la Administración Pública Nacional en 41,897 puestos de trabajo en solo un año.

Esta drástica medida ha llevado el número de empleados del Estado de 341,473 en diciembre de 2023 a 299,576 en enero de 2025.

Analistas advierten que esta ola de despidos podría estar violando el mandato constitucional que garantiza el derecho al empleo, especialmente en un contexto donde también se está observando una caída en el empleo privado. En lugar de una transferencia de trabajadores del sector público al privado, la situación ha contribuido al aumento del desempleo, con el mercado laboral incapaz de absorber a los despedidos, en medio de una crisis económica que se traduce en una desocupación y pobreza que afecta al 38,1% de la población, según INDEC.

Además de los despidos, los trabajadores estatales enfrentan un congelamiento salarial que ha erosionado su poder adquisitivo en un 29% desde la llegada de Milei al poder. Se estima que se necesitaría un aumento del 103% para recuperar el nivel salarial de hace diez años, mientras que los aumentos en los primeros meses del año han sido de solo 1,5% en enero, 1,2% en febrero y un total congelamiento en marzo, sin negociación paritaria.

La implementación del Sistema de Evaluación Pública, promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ha añadido un nuevo elemento de tensión. Aunque se prometió que quienes aprobaran la evaluación mantendrían sus puestos, el hecho de que el 98% de los 41,500 empleados evaluados haya pasado la prueba no ha detenido los despidos, lo que sugiere que el objetivo del gobierno no es la mejora de la eficiencia estatal, sino su desmantelamiento.

La reducción del personal no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en riesgo servicios esenciales. Por ejemplo, hospitales como el Posadas y el Laura Bonaparte están experimentando una disminución en la atención a los sectores más vulnerables. La eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda ha paralizado más de 125,000 viviendas en construcción, mientras que en Parques Nacionales, los despidos facilitan la explotación comercial de reservas naturales, a favor de intereses empresariales en detrimento del cuidado ambiental.

Ante esta situación, las reacciones de los sindicatos han sido variadas. La CGT, liderada por Andrés Rodríguez de UPCN, ha recurrido a la vía judicial para intentar garantizar reincorporaciones. Por otro lado, ATE ha organizado paros y movilizaciones, convocando a un paro de 36 horas para el 9 y 10 de abril, en conjunto con una medida de fuerza de la CGT.