Milei profundiza la privatización de rutas: la inversión privada como única vía para la «ruta de la carne y la leche»
Esta iniciativa marca la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones y tiene un enfoque eminentemente privatizador, buscando la gestión de capitales privados para corredores viales estratégicos que atraviesan Buenos Aires y La Pampa .
El Gobierno de Javier Milei anunció, a través del ministro de Economía Luis Caputo , el llamado a licitación pública nacional e internacional para la renovación de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales.
El eje central del anuncio reside en la convicción del Gobierno de sustituir un esquema que califica de «deficitario» por uno «transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro» . Esta filosofía de gestión subraya la decisión de desligar al erario público del costo de mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial, trasladando la responsabilidad y el riesgo de la inversión al sector privado, cuyo retorno se garantiza a través del peaje.
Corredores clave y su implicancia económica
Los tramos a licitar son esenciales para la logística productiva del país, especialmente para el sector agropecuario, siendo bautizados como la «ruta de la carne y la leche»:
Tramo Sur-Atlántico (1.325 km): Incluye la Ruta Nacional 3 , fundamental para la producción ganadera del sur bonaerense y el flujo turístico hacia la Costa Atlántica y la Patagonia . Las autopistas urbanas como Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas también forman parte, lo que implica que el impacto del nuevo esquema de peaje y mantenimiento afectará directamente la distribución de la producción lechera del conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires .
Tramo Pampa (547 km): Concentrado en la Ruta Nacional 5 , que une Luján con Santa Rosa (La Pampa). Este es un corredor vital para la salida de la producción agrícola y ganadera de la Pampa Húmeda, la región más productiva de Argentina .
El desafío del peaje y la inversión.
Si bien el modelo de concesión puede garantizar la modernización y el mantenimiento de rutas históricamente deterioradas –un beneficio que alcanzaría a los 17 millones de argentinos que viven en las zonas de influencia–, la mirada crítica se posa sobre la inevitable consecuencia para el usuario final: el costo del peaje .
El concepto de un modelo «sin subsidios del Tesoro» implica que el 100% de la financiación de la obra, la operación y el mantenimiento recaerá en el usuario a través de la tarifa. La celeridad de la licitación subraya la urgencia del Gobierno por liberar recursos públicos, pero plantea el interrogante sobre la velocidad y magnitud de la inversión privada, y cómo el nuevo cuadro tarifario de pesos impactará en los costos de flete de la producción primaria, afectando indirectamente el precio final de la carne y la leche para los consumidores.
