Milei desactiva la intervención del Estado en la causa por el endeudamiento con el FMI durante el macrismo

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 87/2026, publicado en un suplemento del Boletín Oficial y firmado por el Presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El gobierno de Javier Milei decidió retirar al Estado nacional como parte querellante en la causa judicial que investiga el endeudamiento récord contraído por la administración de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018, una operación que multiplicó la deuda externa y cuyas consecuencias económicas siguen recayendo sobre la sociedad argentina.

La norma deja sin efecto el Decreto 239/2021, mediante el cual el entonces presidente Alberto Fernández había instruido a la Procuración del Tesoro a intervenir en el expediente judicial para promover el recupero de eventuales daños al erario público. En términos concretos, el nuevo decreto ordena el cese inmediato de la participación estatal como querellante en la causa N.º 3561/2019, que investiga presuntos delitos de defraudación contra la administración pública.

El expediente, caratulado “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta”, tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5 y apunta a determinar responsabilidades penales vinculadas a la toma y utilización del préstamo Stand By otorgado por el FMI. Se trata del acuerdo más grande concedido por el organismo en su historia y de uno de los episodios más controvertidos del ciclo de endeudamiento reciente.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo libertario justifica su decisión en el reciente archivo de la causa dispuesto por la jueza interviniente, quien sostuvo que no se configuraron los delitos denunciados y que las acusaciones formuladas expresaban, en gran medida, discrepancias con decisiones de política económica adoptadas por las autoridades competentes en ejercicio de sus funciones.

El texto oficial también señala que, tras analizar las actuaciones, la Procuración del Tesoro concluyó que el fallo respetó las garantías del debido proceso y se basó en el derecho vigente y en los hechos probados. En ese marco, el Gobierno argumenta que corresponde al Ministerio Público Fiscal —y no al Estado como querellante— continuar con la eventual investigación del caso.

Sin embargo, la decisión presidencial contrasta con el accionar del propio Ministerio Público. El fiscal federal Franco Picardi apeló el archivo de la causa y cuestionó duramente la resolución judicial, al considerarla arbitraria y sustentada en una evaluación parcial e inconexa de las pruebas reunidas durante la instrucción.

En su presentación, Picardi sostuvo que la jueza fragmentó el análisis de los hechos, tratándolos como episodios aislados cuando, según la fiscalía, forman parte de un entramado único que debe ser examinado de manera integral para establecer eventuales responsabilidades penales. También criticó que el fallo se limitara a transcribir evidencia sin explicitar cómo esa prueba conducía a las conclusiones adoptadas.

El recurso fiscal remarca que existen elementos suficientes para profundizar la investigación, incluyendo posibles irregularidades normativas en la toma de deuda, deficiencias en la administración de los fondos, falta de transparencia en la negociación con el FMI y decisiones que habrían provocado un perjuicio económico significativo para el Estado.

Asimismo, se plantean objeciones institucionales de peso, como la ausencia de intervención formal del Congreso y la presunta reconstrucción ex post de expedientes administrativos para legitimar decisiones ya ejecutadas. Para la fiscalía, la dimensión económica, política e institucional del endeudamiento exige una investigación exhaustiva que no puede cerrarse de manera prematura.

Mientras el fiscal reclama que la Cámara Federal revierta el archivo y reactive la causa, el Gobierno de Milei opta por retirar al Estado del proceso judicial, una decisión que refuerza su alineamiento con la gestión macrista y reabre el debate sobre el rol del Ejecutivo frente a uno de los mayores compromisos financieros asumidos por la Argentina en su historia reciente.