Milei acelera la reforma laboral y tensiona el fin de año político con un Congreso bajo presión y una CGT en alerta máxima
La estrategia revela la decisión del oficialismo de avanzar sin demoras en su esquema de “estabilización”, aun a costa de profundizar la confrontación con los sectores más afectados y de sumar tensión a un escenario político ya cargado.
El gobierno de Javier Milei prepara un paquete de sesiones extraordinarias que se extendería del 10 al 31 de diciembre con el objetivo de aprobar, a contrarreloj, iniciativas centrales de su programa económico, entre ellas una reforma laboral que despierta el rechazo frontal de sindicatos y organizaciones sociales.
La Casa Rosada incluiría en la convocatoria el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la polémica modificación de la ley de Glaciares, todos proyectos de fuerte impacto económico y ambiental. Para Milei, su aprobación antes del cierre del año legislativo funcionaría como una señal “pro-mercado” destinada a consolidar expectativas e incentivar inversiones.
Sin embargo, el apuro legislativo deja expuesta una dinámica donde la urgencia oficial prevalece por sobre la deliberación democrática y el consenso social, especialmente en materias sensibles como el trabajo, el ambiente y la política fiscal.
Aunque en algún momento se evaluó la posibilidad de convocar a sesiones en enero, el Ejecutivo optó por descartar esa opción y abrir un segundo paquete de extraordinarias en febrero, enfocado en otra parte del Pacto de Mayo, como la reforma tributaria y el nuevo Código Penal.
El calendario muestra que el Gobierno busca sostener un ritmo legislativo acelerado a lo largo del verano, aun cuando la experiencia reciente indica que ese camino multiplica las fricciones políticas y las resistencias parlamentarias.
El enfrentamiento con la CGT expone el flanco más crítico del proyecto laboral. Los gremios advierten que la iniciativa desarma protecciones históricas, flexibiliza condiciones de empleo y vulnera derechos consagrados en la Constitución.
El clima se enrareció tras el encuentro del Consejo de Mayo, donde Gerardo Martínez (UOCRA) advirtió que, si no son escuchados, las centrales sindicales lanzarán medidas de fuerza en las últimas semanas de diciembre. La respuesta oficial fue fría: Federico Sturzenegger recordó que el Consejo es “consultivo” y que prevalece la posición del Poder Ejecutivo, una frase que, lejos de distender, reforzó la idea de un diálogo meramente formal y sin posibilidad de incidencia real.
El malestar gremial se profundizó luego de la reunión con el asesor presidencial Santiago Caputo, donde Martínez reiteró que la CGT no aceptará “ni un paso atrás” si el Gobierno insiste con un proyecto que, a su entender, erosiona derechos adquiridos y consolida un modelo laboral regresivo.
La combinación de urgencia legislativa, rigidez oficialista y resistencia sindical dibuja un cierre de año cargado de conflicto, con un Congreso forzado a debatir bajo presión y un movimiento obrero dispuesto a escalar la confrontación si el oficialismo mantiene su estrategia de imposición unilateral.
