Mendoza: declaran inconstitucional la Ley de Movilidad Jubilatoria del Gobierno de Fernández

En una decisión judicial que reverbera en el ámbito previsional argentino, la Cámara Federal de Mendoza ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley 27.609, conocida como la Ley de Movilidad, que fue sancionada durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.

Esta normativa, que había entrado en vigencia el 1 de marzo de 2021, resulta fundamental para el ajuste de los haberes jubilatorios, y su invalidez significará un cambio significativo en el tratamiento de las jubilaciones y pensiones en el país.

La sentencia emitida por la Cámara es considerada la primera definitiva en torno a la controversia sobre la movilidad jubilatoria, que ha sido objeto de debate desde la reforma de 2017. La resolución no solo corrige los errores cometidos en la movilidad desde esa fecha, sino que también modifica el marco establecido por el gobierno anterior de Mauricio Macri. De este modo, se abre la puerta a una revisión de los métodos de ajuste aplicados hasta el presente.

En particular, la Cámara Federal atendió un planteo presentado por cinco particulares que cuestionaron la aplicación de la ley de movilidad vigente, y ordenó a la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) que reajuste los haberes jubilatorios de los demandantes. La Corte argumentó que “debe ordenarse a la ANSES que practique la liquidación respectiva a fin de recalcular y reajustar los haberes previsionales, en función de las pautas citadas,” dejando claro que los criterios utilizados en la actualidad no son válidos para este grupo de jubilados.

El fallo también destaca que «no corresponde su aplicación (la fórmula de Fernández) al momento de actualizar los haberes del actor en la presente causa», insinuando que se deberá considerar otro método de ajuste que respete los principios constitucionales en materia de derechos previsionales.

Este precedente judicial, que transforma el escenario de la movilidad jubilatoria, es parte de un marco de tensiones políticas y sociales en torno a las políticas de ajuste y bienestar social en Argentina. La decisión podría tener implicancias no solo para los demandantes directamente afectados, sino también para miles de jubilados que podrían verse beneficiados por un eventual recalculo de sus haberes.

La polémica en torno a las leyes de movilidad salarial y jubilatoria se intensifica a medida que la sociedad se enfrenta a crecientes demandas de justicia económica y previsional. En un país donde la economía sigue siendo un tema delicado, la Cámara Federal de Mendoza ha tomado una postura que podría generar un debate aún más amplio sobre los derechos de los jubilados y las obligaciones del Estado en el contexto actual.

Con reacciones anticipadas tanto desde el ámbito judicial como político, este fallo podría sentar un precedente en la protección de los derechos de los jubilados y marcar un cambio en las políticas que rigen la movilidad de los haberes previsionales en Argentina. En un panorama en constante evolución, la historia de los jubilados argentinos continua escribiéndose y los próximos meses establecerán las bases para el futuro de la política jubilatoria en el país.