Memoria en disputa: Bullrich rechaza la declaración del Senado y reabre la grieta sobre el 24 de marzo

A medio siglo del golpe, la discusión ya no gira solo en torno al pasado, sino también sobre el uso político de ese pasado. Y en ese terreno, la grieta —lejos de cerrarse— encuentra nuevas formas de reconfigurarse.

La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1976 volvió a exponer una de las fracturas más persistentes de la política argentina: el sentido de la memoria.

Esta vez, el foco estuvo en el Senado, donde la declaración institucional aprobada por amplia mayoría fue duramente cuestionada por la senadora Patricia Bullrich, quien la calificó como “sesgada y excluyente” y planteó una disputa de fondo sobre la narrativa de los derechos humanos.

El texto, impulsado por Eduardo de Pedro, reafirma el compromiso con “Memoria, Verdad y Justicia”, retoma el consenso democrático construido desde 1983 y sostiene la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad. Con 49 votos afirmativos, la iniciativa fue acompañada por la mayoría de los bloques, mientras que el oficialismo optó por abstenerse, evidenciando una posición minoritaria pero políticamente significativa.

La reacción de Bullrich no se limitó a una objeción formal. En redes sociales, la legisladora avanzó sobre una crítica estructural al kirchnerismo, al que acusó de haber “monopolizado” la agenda de derechos humanos y de haber construido un relato excluyente durante décadas. “La historia es completa o no es”, sostuvo, en una frase que sintetiza la intención de disputar el marco interpretativo dominante sobre el pasado reciente.

Detrás de esa consigna se esconde un intento de reconfigurar el consenso histórico que, con matices, se consolidó desde el retorno democrático. La propuesta alternativa presentada por el oficialismo —que reemplazaba la fórmula tradicional por referencias al orden constitucional y a la democracia republicana, además de incorporar una condena genérica a la violencia— no prosperó. Sin embargo, su sola presentación deja en evidencia una estrategia: desplazar el eje del debate desde los crímenes de la dictadura hacia una lectura más amplia y menos específica del período.

La discusión no es menor. El 24 de marzo ha funcionado durante décadas como un punto de encuentro simbólico en torno a valores compartidos. Pero ese consenso, lejos de ser inmutable, comienza a mostrar fisuras. La abstención del oficialismo no solo marca distancia con el texto aprobado, sino que también busca interpelar a un sector de la sociedad que cuestiona la narrativa predominante.

En este escenario, la intervención de Bullrich se inscribe en una disputa más amplia por el sentido de la memoria colectiva. No se trata únicamente de una diferencia semántica, sino de una puja política por definir qué se recuerda, cómo se recuerda y con qué implicancias para el presente.