Más de 100.000 trabajadores se ven obligados a “caer” en Uber y apps ante la crisis laboral
La reciente incorporación de alrededor de 100.000 nuevos choferes a aplicaciones como Uber, Cabify y Didi en apenas tres meses no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de la creciente presión sobre la clase media argentina ante la pérdida de empleo formal, la caída del poder adquisitivo y la insuficiencia de redes de contención social.
Lo que antes podía considerarse una ocupación temporal de refuerzo hoy se ha convertido en un recurso casi obligado para profesionales, jubilados y asalariados empobrecidos que buscan sostener sus ingresos.
La participación de docentes universitarios, trabajadores de la industria audiovisual o geólogos evidencia que el fenómeno atraviesa sectores que históricamente estaban protegidos del empleo informal.
El incremento masivo de choferes tiene un efecto directo sobre la economía de quienes se suman: más oferta implica menores ingresos y jornadas extensas apenas suficientes para cubrir gastos como combustible, mantenimiento, impuestos y depreciación del vehículo. Según estimaciones del sector, un conductor a tiempo completo puede facturar alrededor de dos millones de pesos mensuales, pero sus ganancias netas a menudo son mínimas o incluso negativas.
La precarización no se limita al aspecto económico. Los conductores asumen riesgos considerables: inseguridad, accidentes y exposición a situaciones de violencia, como el asesinato de Cristian Pereyra en La Matanza, reflejan la vulnerabilidad estructural de un modelo que carece de cobertura laboral, ART o protección frente a conflictos.
La regulación ausente de las plataformas, muchas de ellas radicadas en paraísos fiscales, profundiza este desbalance, otorgando a las empresas el control absoluto sobre tarifas, destinos y penalizaciones, mientras los trabajadores absorben todos los costos y riesgos.
El fenómeno también revela un componente cultural: la “vergüenza” asociada a tener que trabajar en aplicaciones evidencia un estigma sobre la informalidad, pero al mismo tiempo evidencia la pérdida de marcos colectivos para interpretar la precarización. Para muchos, manejar en apps es un retroceso socioeconómico comparable con las estrategias de rebusque de los años noventa, un retorno a la informalidad forzada por crisis estructurales y ajuste económico.
Más que una solución laboral, la expansión de las plataformas se presenta como un síntoma de un sistema que expulsa trabajadores del empleo formal y los empuja hacia formas de trabajo individualizadas y desprotegidas.
Sin regulación y con un ingreso masivo de conductores, el círculo vicioso se refuerza: los trabajadores compiten entre sí mientras las ganancias se concentran en las empresas, consolidando un modelo de precarización que redefine el trabajo asalariado en la Argentina contemporánea.
