Manuel Adorni repite esquemas de hipotecas privadas y profundiza las dudas sobre su patrimonio
Más que casos aislados, las operaciones comienzan a configurar un esquema sistemático que coloca a Manuel Adorni en el centro de un escrutinio judicial y político, donde la clave ya no es solo la legalidad formal, sino la consistencia integral de su evolución patrimonial.
La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma un nuevo capítulo con la revelación de otra operación inmobiliaria financiada mediante una hipoteca privada, un mecanismo que comienza a perfilarse como patrón en sus adquisiciones recientes.
Según su declaración ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario utilizó este esquema para un departamento ubicado sobre avenida Asamblea al 1100, replicando la lógica aplicada previamente en otra propiedad.
El dato no es menor: la hipoteca fue registrada el 15 de noviembre de 2024, cuando Adorni ya ocupaba un cargo central en el gobierno. En simultáneo, su esposa, Bettina Angeletti, concretaba la compra de una vivienda en un country bonaerense, lo que sugiere una sincronización de movimientos patrimoniales que despierta interrogantes sobre la trazabilidad de los fondos.
En esta ocasión, el financiamiento provino de dos particulares: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, con otros 15.000. En su declaración, el funcionario consignó deudas millonarias —expresadas en dólares— con ambas prestamistas. El perfil de Molina de Cancio agrega otro elemento de interés: se trata de una ex comisaria de la Policía Federal con antecedentes en áreas de formación institucional, lo que introduce una dimensión adicional sobre los vínculos del entorno del funcionario.
Otro punto que concentra la atención judicial es la reiterada participación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino no solo en esta operación sino también en otras compras del matrimonio, incluyendo propiedades previas. Su cercanía con el círculo oficial —reflejada en múltiples ingresos a la Casa Rosada— y su citación a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita refuerzan la relevancia de su rol en la estructura de estas transacciones.
La investigación en curso apunta a determinar si estas operaciones responden a prácticas legales habituales o si encubren inconsistencias patrimoniales. En particular, se busca esclarecer la mecánica de los pagos, el origen de los fondos y las condiciones reales de las deudas asumidas.
El antecedente más significativo es la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito, también financiado mediante una hipoteca privada que cubría la mayor parte del valor declarado —considerado por el mercado como sensiblemente inferior al real—. Este tipo de operatorias, aunque no ilegales en sí mismas, resultan atípicas por su recurrencia y por la magnitud de los montos involucrados, lo que alimenta sospechas sobre posibles estrategias de subdeclaración o triangulación de fondos.
