Los Grobo pide suspender aportes patronales en medio de pérdidas millonarias: ¿crisis real o maniobra de ajuste?
La emblemática agroindustrial Los Grobo solicitó ante la Secretaría de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis con el objetivo de suspender el pago de contribuciones patronales por seis meses, una decisión que implica reducir en un 20% su costo salarial.
La empresa, que arrastra pérdidas por más de 36.000 millones de pesos y mantiene una deuda concursal de 220 millones de dólares, apuesta así a un alivio financiero inmediato para sostener su reestructuración, mientras explora nuevos negocios con el gigante brasileño AMaggi.
El pedido —avalado por el Directorio y comunicado a la Comisión Nacional de Valores— no prevé despidos en el corto plazo, pero sí apunta a flexibilizar la estructura laboral de una compañía que ya recortó 300 puestos de trabajo y achicó drásticamente su presencia productiva. Los Grobo, controlado en un 90% por el fondo Victoria Capital Partners y en un 10% por la familia Grobocopatel, desarmó buena parte de su modelo tradicional: alquiló su histórico molino en Chivilcoy, se retiró de la producción directa de granos y abandonó alrededor de 100.000 hectáreas de siembra asociada.
Mientras ajusta gastos, la empresa acelera también su reconversión comercial. El reciente acuerdo con AMaggi para distribuir fertilizantes a través de su red de 26 sucursales en la Argentina, con un potencial de facturación de 20 millones de dólares anuales, busca recomponer parte de los ingresos caídos tras el concurso preventivo. AMaggi pondrá el capital de trabajo y Los Grobo aportará su infraestructura y cartera de clientes, en una alianza que deja entrever que, aun en crisis, el grupo mantiene activos de valor estratégico.
Desde la conducción empresaria sostienen que el procedimiento preventivo de crisis es una herramienta legal y legítima para evitar males mayores. Sin embargo, no deja de generar suspicacias la simultaneidad entre el recorte de obligaciones patronales y la celebración de un negocio millonario con un actor internacional de peso. ¿Estamos ante una empresa que realmente no puede sostener los costos, o frente a un proceso de “optimización” oportunista para transferir cargas al Estado mientras asegura su rentabilidad futura?
El caso de Los Grobo expone una tensión recurrente en el entramado productivo argentino: la utilización de mecanismos de emergencia pensados para empresas al borde del colapso, que terminan habilitando ajustes drásticos de personal y cargas sociales, aun cuando la compañía mantiene activos valiosos y cierra contratos de envergadura.
La decisión final de la Secretaría de Trabajo será clave para definir si este procedimiento se justifica en términos de viabilidad o si constituye, en rigor, una estrategia para abaratar costos en un mercado en retracción. En cualquier escenario, la noticia confirma el deterioro de un actor histórico del agro argentino y el impacto de la crisis macroeconómica en el corazón de la producción primaria, mientras se reaviva el debate sobre quién paga los costos del salvataje empresarial.
