Récord de juicios laborales sacude al sistema de riesgos del trabajo
A casi tres décadas de su creación, el Sistema de Riesgos del Trabajo atraviesa una crisis de litigiosidad que amenaza con desbordar su capacidad operativa y financiera.
Según proyecciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2025 se alcanzará un récord de 130.000 nuevas demandas judiciales, lo que supone un ritmo de más de 10.000 causas por mes.
La magnitud del conflicto no es menor: en apenas un año, la judicialización del sistema implicó un costo equivalente a casi siete millones de salarios mínimos, un impacto que erosiona las finanzas de empleadores, aseguradoras y, en última instancia, de la economía formal.
La paradoja es evidente. En sus 29 años de historia, el sistema consiguió avances indiscutibles: una reducción del 81% en la mortalidad laboral —equivalente a salvar 19.000 vidas—, un 55% menos de accidentes y una caída del 39% en la gravedad de los siniestros. Sin embargo, estos logros conviven con una creciente judicialización que, según advierte la UART, está “desconectada” de la siniestralidad real, la cobertura o el empleo.
El mapa de la litigiosidad tiene como epicentro la Provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% de las demandas, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19%) y Santa Fe (14%). En total, se arrastran 290.000 juicios acumulados, en un fenómeno que parece haber adquirido autonomía respecto de las estadísticas de accidentes, y que responde más a incentivos distorsionados que a verdaderos conflictos no resueltos.
Mara Bettiol, presidenta de la UART, no dudó en calificar la situación de “absurda” y advirtió que el sistema “no puede absorber este nivel de conflictividad” sin poner en riesgo su sostenibilidad. Entre las causas de esta judicialización sin freno, la entidad apuntó especialmente a la falta de aplicación plena de los Cuerpos Médicos Forenses previstos en la Ley 27.348. Esta herramienta permitiría homogeneizar y dar objetividad a las pericias médicas, pero su implementación avanza con lentitud en la mayor parte del país. Allí donde sí se aplica —casos de Mendoza, Salta o Río Negro— la cantidad de demandas se redujo de manera significativa, un dato que refuerza la hipótesis de que los conflictos se magnifican en entornos donde prevalece la discrecionalidad pericial.
Resulta inevitable preguntarse cómo un sistema que protege a 10 millones de trabajadores y un millón de empleadores puede verse asfixiado por una ola de juicios que, en gran parte, no responde a la realidad de los accidentes. Hay aquí un signo de desajuste institucional y una advertencia sobre la fragilidad de políticas públicas que, aun con indicadores sanitarios exitosos, pueden ser devoradas por la lógica del pleito judicial sin controles.
El desafío de cara a 2026 —cuando el sistema cumpla 30 años— es claro: recomponer un equilibrio que preserve derechos, sin habilitar abusos que arrastren costos imposibles de sostener.
El llamado de la UART al Poder Judicial, para completar la instalación de los Cuerpos Médicos Forenses y garantizar reglas claras, marca un camino posible. Pero también deja al descubierto una verdad incómoda: sin reformas profundas, la Argentina corre el riesgo de destruir, vía litigios, un esquema que, con sus defectos, ha demostrado salvar vidas y mejorar las condiciones de trabajo.
