Llegó el tercer vuelo con argentinos deportados por Donald Trump
En la madrugada del jueves aterrizó en Ezeiza el tercer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.
Se trata de diez ciudadanos acusados por el Departamento de Seguridad Nacional de haber ingresado de manera irregular, quienes fueron trasladados en un operativo coordinado por la Cancillería y la empresa Omni Air International.
El gobierno argentino mantuvo bajo reserva esta información hasta la llegada del avión, lo que plantea interrogantes sobre la decisión de no transparentar un proceso que afecta directamente a connacionales en situación de vulnerabilidad. Con este nuevo vuelo, ya son tres los operativos de expulsión que se concretaron en pocos meses, en línea con la política migratoria de endurecimiento que Trump reinstaló con fuerza.
Uno de los deportados, un joven de 25 años capturado en Texas, aseguró: “No somos criminales, solamente vamos por el sueño americano”. Sus palabras revelan la distancia entre la retórica securitaria de Washington y la realidad de miles de migrantes que, sin antecedentes penales graves, son expulsados en masa por el solo hecho de haber ingresado sin papeles.
El itinerario del grupo da cuenta de la complejidad del dispositivo de deportación: partieron desde Texas, pasaron por Luisiana, Bogotá y Belo Horizonte hasta finalmente llegar a Buenos Aires. Todos arribaron con sus pertenencias en bolsas blancas, una imagen que condensa la crudeza del desarraigo y la fragilidad de quienes intentaron construir una vida mejor en el exterior.
“El número argentino es infinitésimo”
El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, buscó relativizar el episodio al remarcar que “el número argentino es infinitésimo” en comparación con otros países de la región. Sin embargo, esa visión minimiza el trasfondo político y humano: más allá de la cantidad, el caso desnuda la asimetría en la relación bilateral, donde Estados Unidos aplica medidas unilaterales sin consulta ni consideración por la situación particular de los afectados.
La administración Trump ha endurecido la persecución contra migrantes, ampliando las deportaciones incluso a personas sin antecedentes penales ni vínculos con delitos de seguridad pública. En este marco, los argentinos deportados representan una pequeña muestra de una maquinaria migratoria que actúa con lógica de exclusión masiva y con un alto costo social.
El silencio del gobierno argentino frente a este tema, que recién se hizo visible cuando los deportados pisaron suelo nacional, refuerza una pregunta clave: ¿está el Estado argentino dispuesto a defender activamente los derechos de sus ciudadanos en el exterior o se limitará a ser un mero espectador de las políticas migratorias de Washington?
