Javier Milei vetó la Ley de Emergencia Pediátrica que destinaba recursos al Garrahan y otros hospitales
En este contexto, el veto no solo marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, sino que abre un debate de fondo: ¿puede sostenerse un programa de ajuste indefinido sin desarticular las bases mismas del sistema de salud y educación? El caso del Garrahan revela que el costo social del “equilibrio fiscal” puede ser más alto de lo que el propio Gobierno admite.
El gobierno de Javier Milei volvió a profundizar su estrategia de ajuste fiscal con un nuevo gesto de fuerte impacto social y político: el veto total a la Ley de Emergencia Pediátrica, una norma sancionada por unanimidad en el Congreso que destinaba fondos extraordinarios para reforzar la atención en hospitales y centros de salud infantiles de todo el país, con el Garrahan como emblema.
La decisión, publicada este jueves en el Boletín Oficial, llegó justo al límite del plazo legal y ratificó la línea de la Casa Rosada de priorizar el equilibrio fiscal aun frente a demandas que habían alcanzado un consenso transversal en la dirigencia política y en la sociedad. Apenas días después de anular la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo volvió a cerrar la puerta a un área estratégica, esta vez vinculada a la salud pediátrica.
La normativa había sido aprobada con un respaldo casi unánime en ambas cámaras, con 62 votos a favor en el Senado y solo 8 en contra, y buscaba dar respuesta a la crítica situación de los hospitales pediátricos: falta de insumos básicos, deterioro edilicio, equipamiento obsoleto y un éxodo creciente de profesionales asfixiados por salarios devaluados.
El Garrahan, principal centro de referencia nacional, se había convertido en símbolo de ese deterioro, con especialistas que advertían sobre la imposibilidad de sostener guardias y tratamientos de alta complejidad.
El veto se fundamentó en el artículo 84 de la Constitución Nacional, que habilita al presidente a rechazar leyes ya aprobadas, y el argumento oficial fue que la norma “no contaba con sostén presupuestario” y “afectaba el equilibrio fiscal”. Esa explicación, sin embargo, contrasta con la magnitud de la crisis sanitaria y con el hecho de que se trataba de un proyecto impulsado por legisladores de distintos bloques, en un gesto excepcional de unidad frente a la urgencia sanitaria.
Más allá de lo jurídico, el gesto político es contundente: Milei decidió enfrentarse no solo al Congreso, que había dado un mensaje casi unánime, sino también al reclamo de médicos, pacientes y familias que advertían sobre la emergencia. La señal que envía la Casa Rosada es clara: no habrá excepciones en la política de ajuste, aun cuando estén en juego sectores sensibles como la infancia y la salud pública.
El impacto real de la medida ya comenzó a generar alarma en los hospitales. Profesionales del Garrahan y de otros centros de referencia alertan que el veto profundizará el vaciamiento y acelerará la fuga de especialistas, con consecuencias directas en la atención de miles de niños y niñas en todo el país.
