Lijo, el juez que Milei quiso en la Corte, quedó a cargo de la causa ANDIS
El magistrado que el oficialismo pretendía llevar al máximo tribunal termina ahora al frente de una investigación sensible para el propio espacio político que promovió su candidatura, un escenario que vuelve a poner en primer plano el cruce entre política y sistema judicial.
El juez federal Ariel Lijo fue designado por sorteo para asumir la conducción de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un expediente que involucra a exfuncionarios y colaboradores vinculados al espacio político del presidente Javier Milei.
La asignación del caso adquiere particular relevancia política: el mismo magistrado había sido promovido por el Gobierno nacional como candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, aunque su pliego finalmente no prosperó en el Senado. Ahora, Lijo queda al frente de una investigación que alcanza a figuras cercanas al oficialismo.
El expediente recayó en su juzgado luego de que el juez Sebastián Casanello resolviera no extender la subrogancia que ejercía en el Juzgado Federal N.º 11, tribunal que tramita la causa. Esa dependencia judicial permanece vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio, ocurrido en 2020, lo que ha obligado a cubrirla mediante designaciones temporales.
Tras la decisión de Casanello de no continuar en esa función, la Cámara Federal de Buenos Aires dispuso un nuevo sorteo para definir al magistrado que quedaría a cargo del expediente, proceso del que resultó designado Lijo, titular del Juzgado Federal N.º 7.
La causa ya registra 19 procesamientos. Entre los imputados se encuentra el exfuncionario Diego Spagnuolo, junto con Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete, su hija Ornella Calvete y Pablo Atchabahian. Las acusaciones incluyen delitos como cohecho activo, fraude contra la administración pública, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El caso se centra en presuntas irregularidades dentro de la ANDIS, un organismo clave en la gestión de políticas públicas vinculadas a las personas con discapacidad. La investigación apunta a determinar si existieron maniobras para beneficiar intereses privados a través de la estructura estatal.
La llegada de Lijo al expediente ocurre, además, en un contexto en el que su figura había quedado en el centro del debate institucional. A comienzos del año pasado, el Gobierno impulsó su candidatura —junto con la del abogado Manuel García-Mansilla— para cubrir vacantes en la Corte Suprema. Sin embargo, la postulación no consiguió el respaldo necesario en el Senado.
En el caso de Lijo, el proceso de nominación también generó tensiones con el propio máximo tribunal. La Corte había planteado que, para asumir eventualmente el cargo, el magistrado debía renunciar a su juzgado en lugar de solicitar una licencia, una condición que el juez rechazó.
