Lawfare: dos de cada tres españoles perciben el uso político de la Justicia en el país
Una reciente encuesta, elaborada por el Instituto 40dB para El País y la Cadena SER, revela que una amplia mayoría de la ciudadanía (el 65,4%) considera que en España se practica el denominado ‘lawfare’, un concepto que describe la utilización de los procesos judiciales para fines políticos.
El estudio también evidencia una creciente desconfianza hacia el sistema judicial: el 75,5% de los consultados opina que los partidos políticos tratan de condicionar las decisiones de los jueces, y solo un 32,2% percibe como justas e imparciales las sentencias sobre asuntos políticos.
El término ‘lawfare’, que fusiona las palabras inglesas ‘law’ y ‘warfare’, ha ganado terreno en el debate político español en los últimos años, aunque carece de una definición jurídica formal. Su origen se remonta a casos latinoamericanos, como los procesos judiciales contra Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Evo Morales, donde se argumentó que el sistema judicial era usado para apartar a líderes políticos incómodos.
Sin embargo, en España, el concepto enfrenta posiciones encontradas entre juristas: mientras algunos lo consideran una herramienta útil para detectar abusos del sistema, otros advierten que su uso indiscriminado puede deslegitimar investigaciones legítimas y erosionar la confianza en el Estado de derecho.
Contexto de desconfianza judicial
La encuesta se enmarca en una percepción generalizada de que la Justicia española no funciona adecuadamente. Ocho de cada diez encuestados (82%) consideran que la Justicia es demasiado lenta, el 68% opina que no trata a todos por igual y cerca del 61% cree que se deja influir por grandes poderes económicos.
La confianza también se ha deteriorado: solo un 6,8% de los españoles confía más en la Justicia que hace cinco años, frente a un 50% que asegura confiar menos.
División política
La percepción sobre el ‘lawfare’ varía según la ideología. Los votantes de izquierda tienden a creer que ciertas investigaciones judiciales tienen motivaciones políticas, mientras que los electores de PP y Vox confían más en la imparcialidad de los tribunales.
Más allá de la controversia partidista, el debate sobre el ‘lawfare’ pone en cuestión un pilar fundamental del Estado de derecho: la independencia judicial.. La Comisión Europea, en sus informes anuales, reconoce que el sistema judicial español opera dentro del marco legal, pero subraya la necesidad de proteger su autonomía y evitar declaraciones que puedan socavar la confianza ciudadana en los tribunales.
